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Durante más de tres horas se desarrolló la audiencia de conciliación entre Carlos Felipe Córdoba Larrarte y Ariel Ávila.
El excontralor general denunció al senador por presunta calumnia e injuria, con ocasión de la obtención del grado de abogado de Córdoba en el Politécnico Gran Colombiano.
Fuentes cercanas a RCN Radio confirmaron que en la diligencia no hubo conciliación entre las parte, el excontralor Córdoba llegó a la diligencia con siete solicitudes, de las cuales dos continuaron en controversia.
Además, 'Pipe' Córdoba no estaría solicitándole a Ávila que se retracte de lo publicado en un video, en el cual se señalaba que el excontralor habría incurrido en conductas que configurarían delitos como concierto para delinquir, peculado, abuso de función pública, falsedad, entre otros. Por el contrario, Córdoba estaría solicitando aclaraciones en lo difundido por Ávila.
La próxima audiencia en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia será el próximo 17 de julio.
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La polémica
El 20 de mayo, el senador Ávila publicó en sus redes sociales un video, en el cual se refería a Córdoba como un operador político del expresidente Iván Duque, quien ahora aspira a ser el Procurador General de la Nación.
Así mismo, mencionó los estudios de Córdoba señalando que había estudiado relaciones internacionales y siendo Contralor se graduó en derecho, en menos de dos años y medio.
"No iba ni siquiera a clase y se graduó porque la Contraloría hizo un convenio con la Universidad Politécnico Gran Colombiano, un convenio al que se inscribieron 22 funcionarios de la Contraloría y solo se benefició uno, Pipe Córdoba. Y el señor encargado de supervisar el convenio terminó teniendo un contrato con la Contraloría”, expresó Ávila.
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Ante lo sucedido, el excontralor Carlos Felipe Córdoba denunció ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia al senador Ariel Ávila por injuria y calumnia.
En un documento de 14 páginas Córdoba afirmó que Ávila, mediante varias publicaciones en redes sociales, lo acusó de participar en actividades que podrían constituir delitos, como concierto para delinquir, peculado, abuso de función pública y falsedad, entre otros.
