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La Fiscalía General de la Nación ordenó el inicio de una persecución de las propiedades y activos ilícitos adquiridos por parte del empresario Carlos Mattos y otros de los abogados y funcionarios involucrados en el escándalo de corrupción judicial del caso Hyundai.
De manera simultánea al proceso penal que se sigue contra el empresario Mattos y de los demás investigados, la Fiscalía General de la Nación avanzará en este proceso de extinción de dominio para identificar los bienes que habrían sido adquiridos irregularmente.
Las autoridades de policía judicial serán las encargadas de emprender las respectivas labores de ubicación y plena identificación de bienes que puedan ser objetos de medida cautelares por parte de la Fiscalía.
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Mattos es investigado por presuntamente haber enviado 100 millones de pesos a la juez 16 civil municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández quien dejó en firme las medidas cautelares que le permitieron a la empresa que él dirigía, seguir vendiendo los vehículos de la marca coreana Hyundai en Colombia.
Según las investigaciones el empresario Mattos habría contactado a un abogado para que se reuniera con la jueza Ligia del Carmen Hernández como "agradecimiento" por dejar en firme dichas medidas que le permitieron seguir comercializando vehículos de la marca Hyundai en Colombia.
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De acuerdo con el oficial mayor del juzgado sexto civil, Dagoberto Rodríguez –quien ya aceptó cargos por este escándalo de corrupción en la Rama Judicial- contactó a la jueza para enviarle el dinero en efectivo que le envió Mattos.
Mattos enfrenta otro proceso penal por ejecutar un complejo plan para direccionar que una demanda presentada por la empresa que representaba llegara directamente al juzgado sexto civil de Bogotá.
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