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LA F.m. conoció en exclusiva que la Fiscalía General de la Nación tiene evidencias que apuntan a establecer que grupos armados ilegales, en este caso las denominadas Bacrim, pretenden comprar funcionarios judiciales para manipular decisiones que los beneficie en diferentes procesos, lo que ha generado una alerta en los investigadores del ente acusador.
Así lo confirmó en diálogo con LA F.m. Orlando Ospitia Garzón, director de Fiscalías Nacionales, quien señaló que se están adelantando las respectivas investigaciones.
"No se descarta, y por el contrario tenemos algunas evidencias, sobre grupos armados organizados que de alguna manera también pretenden comprar a los administradores de justicia y sobre esa base también estamos investigando (...) hemos tenido algunas situaciones ocasionales en las que se mencionan intervenciones de miembros de las Bacrim".
Para Ospitia, esta situación no es ajena a la propia realidad por la que atraviesa la justicia en el país, ya que desde 2014 a la fecha, por actos de corrupción de jueces, fiscales y abogados se han registrado 113 capturas con 96 medidas de aseguramiento y 63 sentencias condenatorias.
La Fiscalía tiene vigentes más de 3 mil investigaciones en contra de funcionarios judiciales, detectándose redes organizadas que tienen como finalidad obtener un beneficio económico por las decisiones contrarias a la ley, siendo Bogotá la ciudad en donde más se registran hechos de corrupción que involucran administradores de justicia.
Según el director de Fiscalías Nacionales, "de acuerdo con las estadísticas que tenemos, las mayores cifras están en Bogotá, Magdalena, Córdoba, Norte de Santander, Sucre, Atlántico y Valle del Cauca".
La Fiscalía mostró su preocupación ya que el índice de corrupción en la Rama Judicial se ha incrementado en los últimos años, en los cuales se han presentado delitos como prevaricato por acción, concisión, cohecho, falsedades ideológicas, peculado y concierto para delinquir.
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