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La Fiscalía General solicitará formalmente que se investigue por qué la Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó a un tercero el inmueble que presentó con el que el exsenador Otto Nicolás Bula Bula para reparar a las víctimas dentro del proceso que se adelanta por su participación y conocimiento en el envío de sobornos de la multinacional Odebrecht para resultar beneficiados con contratos viales.
El fiscal que adelanta la investigación llamó la atención por un informe enviado por la SAE en la que se manifiesta que la finca en Montería (Córdoba) avaluada en tres mil millones de pesos que presentó el excongresista como parte del preacuerdo firmado con la Fiscalía General le fue entregada a un particular para su administración.
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El delegado del ente investigador considera que esta medida es irregular puesto que el bien ya se encontraba con la extinción de dominio para que pasara a manos del Estado. Esta irregularidad tiene frenada la presentación del preacuerdo firmado con Bula quien se comprometió a entregar información clave sobre este escándalo de corrupción.
El juez de conocimiento manifestó que hasta no tener certeza sobre la entrega de este bien no puede entrar a estudiar el documento firmado entre las partes, situación por la cual fijó para el próximo 22 de julio la reanudación de la audiencia para verificar si ya se superó este yerro administrativo.
Fuentes cercanas a la Fiscalía General manifestaron la necesidad de establecer si la entrega de este bien fue un error de tipo administrativo de la SAE o si se presentó una conducta premereditada por parte de un grupo de funcionarios.
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En este punto señalan que desde noviembre de 2017 se levantaron las medidas cautelares que existían sobre este bien con el fin que pasara a extinción de dominio y se realizara todo el trámite dirigido por lo que "no se entiende la decisión de la SAE".
Bula, quien se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, firmó un preacuerdo en el que se reconoce su participación en los delitos de tráfico de influencias y cohecho (sobornos) a cambio de una pena de cinco años y seis meses de prisión.
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El exsenador, quien fue capturado en enero de 2017, ha entregado información clave sobre los hechos que rodearon la entrega de sobornos para la adjudicación directa de la obra de la vía Ocaña-Gamarra en Norte de Santander dentro del proyecto de la Ruta del Sol II.
En sus declaraciones vinculó a dirigentes políticos y contratistas que se habrían repartido los 4,6 millones de dólares que envió Odebrecht para garantizar la entrega de dicha obra vial.
