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La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento con detención preventiva de la libertad contra el mayor Jeferson Tocarruncho y el sargento Wadith Velázquez, investigados por la supuesta interceptación ilegal de cinco de sus compañeros de la institución.
El fiscal Daniel Hernández sustentó su petición en que representan un peligro para la sociedad y para el proceso si continúan en libertad los uniformados.
También añadió que las dudas sobre si los cinco uniformados habían participado del hurto de varios bienes en un allanamiento que se adelantó en el 2018 en Cali (Valle del Cauca) no eran justificación para interceptar de manera ilegal sus líneas telefónicas y vulnerar sus derechos.
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Otro de los argumentos que expuso fue los uniformados pueden obstruir y afectar el curso de la investigación si continúan en libertad.
Finalmente, aseguró que las víctimas de las ‘chuzadas’ sienten temor por lo que podría ocurrirle a consecuencia de la investigación que se inició en contra de quienes fueron su jefe y compañero.
“Uno de los patrulleros Edwin Calderón, aseguró que siente temor por su situación. Es urgente, señoríal proteger la prueba, los fines las víctimas y la comunidad (...)”, dijo el fiscal.
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El Ministerio Público y los representantes de las víctimas también pidieron que sean enviados a la cárcel, mientras que el defensor de los policías señaló que demostrará con pruebas que los uniformados son inocentes.
No aceptaron cargos
Luego de que la Fiscalía General les imputó los delitos de violación ilícita de comunicaciones en concurso heterogéneo con utilización ilícita de redes y comunicaciones, falsedad ideológica de documento público y fraude procesal, los policías se declararon inocentes.
En la diligencia judicial, el fiscal Daniel Hernández aseguró que se vulneró el bien jurídico de cinco subalternos del mayor Torrachuncho y que en ese proceso participó activamente el sargento Velásquez.
“Ustedes sabían que interceptar esos teléfonos en ese proceso generaría una ilegalidad y aun así la mantuvieron (...) Hasta el final en la orden de cancelación se falsificó la información suministrada por el subintendente Frank León, presentando a la fiscal información distinta; entonces se observa que ustedes sabían que esto era ilegal y sabían que estos hechos están prohibidos en Colombia”, precisó el delegado del ente investigador.
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Agregó que las dudas sobre la participación de los cinco uniformados en el hurto de varios bienes tampoco justificaba la interceptación ilegal que aparentemente se registró.
“Estos hechos que ustedes ejecutaron son un delito, por más que existan indicios que sugirieran que sus compañeros fueran corruptos, no se podía interceptar de esa manera, debía ser dentro de los parámetros legales y aún así lo hicieron”, detalló durante la imputación.
Al mismo tiempo advirtió que por las interceptaciones no hubo incremento del patrimonio de los uniformados investigados, por lo que no habrá que resarcir económicamente al Estado.
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“La Fiscalía General de la Nación inició investigación formal en su contra como posible determinador (mayor Tocarruncho) de las conductas punibles de violación ilícita de comunicaciones en concurso heterogéneo con utilización ilícita de redes y comunicaciones, en concurso heterogéneo con falsedad ideológica de documento público y en concurso heterogéneo con fraude procesal", manifestó el fiscal Hernández.
Los uniformados, precisó el delegado del ente acusador, supuestamente engañaron e hicieron incurrir en un error a la fiscal Jenny Andrea Ortiz Ladino.
El próximo miércoles 10 de junio continuará la audiencia de medida de aseguramiento contra los policías detenidos.
