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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) suspendió el plazo que le había dado a la Fiscalía General de la Nación, a la Superintencia de Notariado y a otras entidades del Estado, así como a Rodrigo Londoño y Pastor Alape para que entreguen toda la información detallada sobre los bienes entregados por las Farc tras su desmovilización.
La solicitud de esta información se hizo porque la JEP deberá definir si les impone medidas cautelares a estos bienes para protegerlos y destinarlos a la reparación de las víctimas.
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Sin embargo, entidades como la Fiscalía y la Superintendencia de Notariado han manifestado que no pueden entregar la información solicitada. Por eso, la JEP suspendió el límite de tiempo para hacerlo.
A la Fiscalía se le solicitó informar acerca de la clasificación y relación de bienes y activos de la antigua guerrilla de las Farc que se encuentren en extinción de dominio, con o sin medidas cautelares, así como información sobre los bienes y activos no inventariados y que reporte las amenazas, pérdidas y deterioro.
La Fiscalía también deberá informar si ha identificado otros bienes y activos de propiedad de antiguos miembros de las Farc que aún no hayan sido recuperados.
Sin embargo, el ente acusador manifestó que “la información relacionada con procesos de extinción de dominio tiene carácter reservado” y que, por lo tanto, “jurídicamente es imposible” que la Fiscalía cumpla con lo solicitado.
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Por su parte, a la Supernotariado se le solicitó la información sobre los terrenos que tenían las Farc a través de testaferros y otras modalidades. Esa entidad reveló que las Farc se adueñaron hasta de zonas de parques naturales y de baldíos de la Nación.
Además, la JEP tuvo en cuenta que el ex superintendente Jairo Alfonso Mesa aseguró que los inventarios entregados por las Farc no están completos.
La entidad manifestó que la información consolidada por ellos “hace parte del archivo de la Fiscalía” y que por esa razón no pueden brindar los informes.
El trámite para decretar las medidas cautelares sobre dichos bienes quedó en espera. Asimismo, mientras la JEP recibe la información requerida se levantará esa suspensión de términos.
La Jurisidicción también le solicitó la información sobre los bienes de las Farc a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), al Ministerio del Interior, al Director Ejecutivo de la Rama Judicial, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a la Agencia Nacional de Tierras, el Inpec, a la Unidad para las Víctimas, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General.
