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En etapa de alegatos de conclusión, la Fiscalía General de la Nación pidió sentencia condenatoria superior a 16 años de prisión para Álvaro Dávila Peña, acusado como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio.
Para la Fiscalía, la labor de consultor profesional de empresas nacionales e internacionales y su cercanía con el exalcalde Samuel Moreno y el excongresista Iván Moreno, le habrían permitido interferir en la forma de administrar el Gobierno Distrital. En ese sentido, Dávila Peña supuestamente estructuró los negocios contractuales, elaboró contratos de prestación de servicios profesionales y convino las denominadas ‘comisiones de éxito’ con destino a los hermanos Moreno Rojas y demás funcionarios.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos de corrupción ocurrieron desde noviembre y diciembre de 2007, hasta junio del año 2010; tiempo en el que habría sido acordada la apropiación de recursos de Bogotá entre el abogado, los contratistas Emilio José Tapia Aldana y Héctor Julio Gómez González, el entonces alcalde Samuel Moreno Rojas y el exsenador Néstor Iván Moreno Rojas.
En la ejecución de tales fines ilícitos hubo varias reuniones en Colombia y el extranjero. La Fiscalía tiene en su poder pruebas de encuentros en las oficinas del abogado Dávila Peña a las que acudieron, además de los contratistas mencionados, Miguel y Guido Nule, y el ingeniero Mauricio Antonio Galofre Amín.
Del mismo modo, la Fiscalía cuenta con evidencias de reuniones en el apartamento de Álvaro Dávila Peña, con el exsenador Iván Moreno y Luis Eduardo Montenegro, funcionario del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
"Allí se acordaron comisiones de éxito con Manuel Sánchez (abogado contratista), Andrés Cardona Rodríguez (intermediario del Acueducto de Bogotá), Federico Gaviria (consultor de contratación), Victoria Eugenia Virviescas (directora de la UAESP), Fernando Álvarez (secretario de movilidad), y los ya mencionados, Miguel y Guido Nule, entre otros, para facilitar la adjudicación de contratos al grupo Nule", sostuvo el fiscal al solicitar la condena.
Los contratos materia de investigación penal
La Fiscalía ha adelantado investigaciones a los contratos de malla vial del IDU 071 y 072 de 2008, y los contratos de interventoría 091 y 093 de 2008. Respecto a los dos primeros, el fiscal en sus alegatos finales señaló que tuvieron inconvenientes con el manejo de los dineros del anticipo, baja ejecución en los frentes de obra, multas y fueron cedidos.
"Dávila Peña tomó la función de los servidores públicos y participó en el trámite de adjudicación de esos contratos, a través de funcionarios tales como Liliana Pardo Gaona, (exdirectora del IDU), Ana Maria Ospina (directora de Gestión Corporativa del IDU) Inocencio Meléndez Julio (subdirector Jurídico del IDU), Aldemar Cortés Salinas (subdirector de ejecución técnica del IDU), esencialmente", afirmó el fiscal del caso.
La Fiscalía consideró que Dávila Peña lesionó la administración pública, al tomar la función de los servidores públicos y no obrar con pulcritud, imparcialidad, transparencia y moralidad en su gestión.
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