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A este congresista se le investiga por su actuación, en ese entonces, como alcalde de Ipiales, Nariño, entre 2008 y 2011.
La Fiscalía estableció que la construcción del Centro Comercial Popular de Ipiales donde serían reubicados los vendedores informales del municipio, habría estado rodeada de irregularidades en el proceso de contratación.
En diciembre de 2010, la Alcaldía de Ipiales adjudicó la obra al consorcio CPP Ipiales por más de 2.392 millones de pesos y tres meses después, habría girado un anticipo al contratista del 50% del valor del acuerdo, sin que existiera una interventoría, requisito que exige la ley.
En abril de 2011 fue firmado el convenio de interventoría del contrato, y la administración municipal entregó un segundo anticipo al consorcio constructor.
Según las evidencias de la Fiscalía, los dineros de los dos adelantos nunca fueron destinados al diseño o ejecución de la obra y al parecer pasaron a uso personal del contratista.
La interventoría en su momento alertó que los anticipos fueron soportados con facturas y hechos ajenos a la realidad y la Fiscalía constató que vencidos los plazos de ejecución de la obra, los investigados en este caso suscribieron un acta para levantar el Centro de Comercio Popular sin que existiera licencia de construcción.
Los investigadores también encontraron que el lote del proyecto estaba invadido por comerciantes informales que se negaban a desalojar el lugar.
