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Con fines de extinción de dominio, la Fiscalía ocupó dos casas, en cercanías del aeropuerto Benito Salas de Neiva (Huila) desde las que se planeó y realizó el atentado del 14 de febrero de 2003, que al parecer estaba dirigido en contra del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.
Cuando la fiscal y las fuerzas de seguridad e investigación ingresaron en desarrollo del allanamiento, a distancia fue activada la bomba que acabó con la vida de la fiscal, nueve policías y cinco civiles, además de un número indeterminado de heridos y un sinnúmero de daños.
La bomba, de 200 kilos de explosivos, dejó un cráter de nueve metros de diámetro por dos metros de profundidad.
Junto con esta casa, también fue ocupada con fines de extinción de dominio otra que los criminales compraron para planear el ataque, en el que murieron varios líderes del mismo plan delincuencial.
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