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"Los procesados facilitaban condenas, medidas de aseguramiento domiciliaria, y hasta permisos para trabajar a presuntos miembros de grupos delincuenciales y organizaciones de paramilitares que delinquen en ambos departamentos", indicó la Fiscalía.
A través de interceptaciones telefónicas, los investigadores descubrieron qué "los funcionarios de los juzgados municipales, miembros del Inpec, investigadores del CTI, y hasta jueces y ex jueces cobraban entre 8, y 30 millones de pesos por las resoluciones judiciales".
En algunos casos, de acuerdo al ente acusador: "los detenidos pedían botellas de whisky, y otros elementos de valor a peligrosos delincuentes para modificar los procesos penales".
Las personas detenidas afrontan cargos por delitos relacionados con fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, cohecho, entre otras posibles conductas delictivas, por las cuales la Fiscalía pide cárcel para todos los procesados por estos hechos.
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