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Por esta razón solicitó al Tribunal Superior de Bogotá audiencia para formalizar la imputación de cargos contra el mandatario departamental por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y corrupción al sufragante. Esta diligencia fue programada para este jueves 26 de enero, pero el gobernador solicitó aplazamiento de la audiencia, la cual quedó programada para el próximo 9 de febrero.
En este mismo proceso la Fiscalía solicitó ante un juez de La Guajira, audiencia para formalizar la imputación de cargos contra la concejal de Maicao, Silbelly Solano Iguarán. La fecha para esta diligencia estaba fijada para este 25 de enero y la indiciada solicitó el aplazamiento.
Igualmente, por estos hechos, la Fiscalía pedirá programar audiencias de imputación contra otros concejales y particulares.
-Los hechos, de acuerdo a la Fiscalía-
Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación comenzaron antes del 6 de noviembre de 2016, cuando se cumplió la elección, donde resultó elegido el gobernador Wilmer González Brito.
Durante el acompañamiento realizado por la entidad, con el fin de evitar posibles actos de corrupción, se lograron evidenciar maniobras concertadas que presumiblemente afectaron la transparencia de la jornada electoral.
Luego de analizar el material probatorio, la Fiscalía fundamentará las imputaciones en múltiples pruebas testimoniales y documentales que sostienen los delitos encontrados.
Los delitos en los que supuestamente habrían incurrido el gobernador, concejales y particulares serían, de acuerdo con su responsabilidad, cohecho propio y corrupción al sufragante.
-Imputarán cargos a exgobernadora Oneida Pinto-
Para el próximo 10 de febrero está programada en el Tribunal Superior de Bogotá la audiencia de imputación de cargos solicitada por la Fiscalía General de la Nación contra la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto.
La exfuncionaria deberá responder por las presuntas irregularidades en el trámite, celebración y ejecución del contrato que tenía como objetivo reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania (La Guajira), cuando ella se desempeñaba como alcaldesa.
El monto del contrato fue de dieciséis mil ochocientos millones de pesos ($16.800.000.000,00) y fue celebrado días antes de abandonar su cargo para iniciar su campaña como candidata a la gobernación de La Guajira.
Los delitos por los que será investigada la mandataria regional son: peculado, celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público y privado.
