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Esta investigación se inició a raíz de un completo informe remitido con carácter urgente por el contralor general, Edgardo Maya Villazón, donde quedan en evidencias los graves hallazgos producto de este “Cartel de Enfermos Mentales” en Sucre.
En el informe de la Contraloría se relacionan los nombres de las IPS, presuntamente involucradas con este caso de corrupción que afecta contra los recursos destinados para la atención de la salud de los colombianos.
Los investigadores descubrieron que la Gobernación de Sucre, durante la vigencia 2015, no aplicó los procedimientos adecuados para el reconocimiento de servicios NO POS.
Tampoco implementó los controles necesarios para detectar pagos inconsistentes o improcedentes, para de esta forma garantizar la correcta inversión de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados al sector salud.
La Contraloría también detectó que La Gobernación de Sucre pagó facturas a diferentes IPS de la Región, por concepto de prestación de servicios de internación y atención de pacientes con trastornos mentales y patología de drogodependencia.
Sin embargo, la documentación y las firmas de los médicos psiquiatras con las que se soportaban las facturas, fueron en su mayoría falsas.
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