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Los otros investigados son el ex inspector de Policía Wilson Romero Castro, el concejal Víctor Julio Castellanos Jiménez y el contratista Ernesto Pinto Salazar, deberán responder por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Para la Fiscalía, los indiciados habrían incurrido en el denominado “volteo de tierras”, que consiste en comprar predios rurales cercanos al casco urbano, para luego incluirlos en zonas de expansión urbana manipulando el POT, durante la vigencia 2008-2011.
El expediente señala que el 30 de diciembre de 2009, el Concejo Municipal aprobó el proyecto de acuerdo que días antes había presentado el entonces mandatario local Álvaro Rincón y mediante el cual se modificaba el POT que permitió incorporar un predio rural al suelo urbano.
La Fiscalía investiga si un concejal recibió dinero para adelantar el trámite de la iniciativa, toda vez que la modificación del POT permitió ampliar la vía que pasaba por el predio incorporado y el lote se valorizó de mil doscientos millones de pesos en 2008, a tres mil ochocientos millones de pesos en 2012.
Las indagaciones preliminares permitieron establecer a la Fiscalía que el lote en cuestión pertenecía al entonces alcalde.
La respectiva audiencia de imputación fue programada para realizarse en el municipio de Mosquera, el próximo 25 de julio.
