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Los primeros resultados de las diferentes investigaciones que se adelantan en La Guajira, permitieron descubrir según la fiscalía una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del departamento por los cuales se ha dispuesto la imputación de cargos a cuarenta y una personas y se avanza en la acusación de otras once.
En el caso del ICBF, la Fiscalía investiga dos contratos por más de 3 mil 421 millones de pesos ($3.421.000.000), destinados para la atención integral de 1.400 niños de 0 a 5 años y madres gestantes o lactantes, como resultado de lo cual se habría establecido un peculado del orden de mil cuatrocientos noventa y cinco millones de pesos ($1.495.000.000), que equivalen a casi la mitad de los recursos de los dos convenios.
Se encontró que con facturas falsas cobraron de manera irregular más de quinientos millones de pesos ($500.000.000). Además, realizaron cobros de arrendamiento que superan el doble del valor real y se efectuó pagos a celadores que no prestaron el servicio u obtenían ingresos menores a los reportados.
Para desarrollar este proyecto el ICBF regional La Guajira contrató con la Asociación Asomilenio.
La Fiscalía solicitó audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de catorce (14) personas, como posibles responsables de los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y concierto para delinquir. A la fecha se han capturado doce (12) personas.
Entre ellas se encuentran el representante legal, el gerente y trabajadores de la fundación, así como funcionarios del ICBF y proveedores.
La Fiscalía indaga sobre el Plan de Aguas de La Guajira, que incluye los acueductos de Camarones, Manaure y Uribía; Pondores; Dibulla y los acueductos veredales de San Pedro.
Como resultado de la priorización se ha concluido la investigación del denominado Acueducto Camarones.
En este caso la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción dispuso la imputación de cargos a once (11) personas, entre quienes se encuentran el entonces alcalde de Riohacha, Rafael Ricardo Ceballos Sierra y el representante del consorcio Aguas para un Pueblo, Yusif Habib Mustafá, como posibles responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
La Fiscalía detectó una serie de presuntas irregularidades en la construcción y puesta en marcha del Sistema Integral de Alcantarillado y Acueducto del corregimiento de Camarones (Riohacha), por un valor de doce mil ciento dos millones novecientos noventa mil quinientos sesenta y cuatro pesos ($12.102.998.043).
Dentro de la investigación se evidenció que la inversión efectuada por la alcaldía no correspondía con las obras construidas y que el contratista subcontrató el total de la obra con terceros.
Aunque la obra fue terminada, a la fecha no se encuentra en funcionamiento, el agua no es apta para el consumo humano y al parecer se presentaron sobrecostos.
En el municipio de Albania, la Fiscalía General de la Nación encontró serias irregularidades en el programa que se ejecutó en marzo y junio de 2011, con el propósito de “reducir la mortalidad infantil”, a través de los convenios 008 y 041.
Estas inconsistencias se habrían presentado en una serie de convenios interadministrativos por un monto de dieciocho mil novecientos noventa millones de pesos ($18.990.000.000) en los que intervinieron la alcaldía del municipio de Albania, la Secretaría de Salud municipal y el hospital San Rafael de esta localidad.
Según las investigaciones, dentro de ese proceso contractual se desconocieron los principios de planeación, transparencia, economía y selección objetiva; y sin haber realizado estudios previos técnicos y financieros que justificaran la necesidad específica de la contratación.
Entre las irregularidades detectadas está la contratación de 1.450 personas sin requisitos mínimos. La presunta apropiación de 6.591 millones de pesos a través de sumas no canceladas a contratistas, inejecución de contratos, doble contratación en el programa de salud mental y diferencia de valores entre lo contratado y lo pagado a subcontratistas.
En este proceso la Fiscalía adelantará acusación contra once (11) personas y continúa las indagaciones respecto de otras.
En el año 2009 se contrató la construcción de cuarenta y dos (42) megacolegios por un valor de ciento cuarenta y nueve mil millones de pesos ($149.000.000.000). En este caso la Fiscalía encontró sobrecostos y facturación falsa en los anticipos que generaron un detrimento al departamento por cerca de veinte mil millones de pesos ($22.000.000.000).
Por estos hechos el ente acusador obtuvo nueve (9) órdenes de captura y ha dispuesto la imputación a otras tres (3) como posibles responsables de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales; uno de ellos el exgobernador de La Guajira, Jorge Luis Pérez Bernier (2008-2012).
La Fiscalía investiga la forma como a través de la IPS Mareigua y la clínica odontológica de Maicao, en los últimos dos años, habrían cobrado de manera ilegal recursos de la salud, mediante la modalidad de traslados inconsultos de afiliados indígenas a otras IPS, creando doble afiliación, lo que permite que la IPS beneficiaria obtenga pagos indebidos provenientes del FOSYGA.
En una primera fase de la investigación la Fiscalía imputó a 8 personas y ha dispuesto la captura de cuatro (4) por los delitos de peculado, fraude procesal y falsedad en documento público.
La Fiscalía capturó dos (2) de sus funcionarios: una fiscal y un técnico investigador del CTI, luego de reunir elementos probatorios suficientes que los comprometen en los delitos de concusión y falsedad ideológica en documento público.
Los hechos sucedieron en el municipio de Maicao y corresponden a conductas relacionadas con la exigencia de dinero para no adelantar trámites o denuncias propias de sus funciones.
Al dar a conocer los primeros resultados en el día de hoy de las investigaciones en curso en el departamento de La Guajira, el Fiscal General de la Nación manifestó que “las primeras averiguaciones comprometen la responsabilidad de dirigentes públicos, empresarios, miembros de la comunidad Wayúu e inclusive funcionarios judiciales”, lo que pone de presente que la corrupción en este departamento “ha alcanzado un carácter sistémico, que obliga a las autoridades y a la propia ciudadanía a desarrollar las acciones necesarias para que La Guajira no termine siendo un caso de un departamento fallido”.
Martínez explicó que en el curso de la presente semana se formularán nuevas imputaciones y que las investigaciones sectoriales continuarán. Los resultados de las mismas se conocerán oportunamente.
“Bolsillos de Cristal” llegará a Arauca y Sucre. La Fiscalía continuará en otras regiones del país e impartió instrucciones para que el programa “Bolsillos de Cristal” se traslade en los próximos días a los departamentos de Sucre y Arauca.
