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La comunicación fue suscrita también por los fiscales generales de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay.
En la comunicación, los Procuradores y/o Fiscales manifestaron: “su profunda preocupación por las declaraciones expresadas públicamente en contra de la labor del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, el cual, en uso de sus facultades constitucionales y legales, se encuentra investigando los distintos hechos constitutivos de delito, suscitados durante los meses de abril, mayo y junio de 2017 en dicho país”.
Los 12 altos funcionarios judiciales de Iberoamérica rechazaron las pretensiones de adelantar reformas legales que atentan contra la autonomía e independencia de la Fiscalía venezolana.
“En este sentido, repudiamos los actos de hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de poderes, públicos o privados, así como cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria contra la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela", señala la declaración conjunta.
Por último, la comunicación añade: "Los fiscales y demás funcionarios que integran el Ministerio Público expresamos nuestra solidaridad con la actuación de la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, empeñada en el resguardo de la constitucionalidad y la legalidad de su país”.
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