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Ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, radicó el proyecto de ley anticorrupción que busca otorgar herramientas procesales para la investigación y judicialización de estos actos.
Frente a la financiación de las campañas el fiscal explicó que esta iniciativa busca que haya cárcel para quien porte dinero en efectivo en los montos fijados por la autoridad electoral, durante la jornada y en los tres días anteriores a los comicios.
Igualmente, el ente investigador plantea castigar, con hasta 12 años de cárcel, al servidor que utilice su función o patrimonio público para apoyar campañas electorales, candidatos o partidos políticos.
Por otra parte este proyecto de ley busca sancionar a las personas que sirvan de testaferros, es decir que presten su nombre para adquirir u ocultar bienes con dineros procedentes de la corrupción.
Además el texto propone penalizar a los contadores, revisores y jefes de control interno que presten sus servicios para evitar la identificación o rastreo de propiedades o dinero que tengan origen ilícito.
“Vamos a romperle el espinazo a la corrupción, si un ciudadano al aprobarse esta ley omite denuncia de corrupción incurrirá en pena de prisión de 6 a 8 años", puntualizó el fiscal.
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