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El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aseguró que el 53.5% del total de homicidios de lideres sociales y defensores de derechos humanos, sobre los cuales tienen reporten los investigadores de policía judicial, ya han sido esclarecidos.
El fiscal Martínez resaltó que ya se ha podido identificar plenamente a los autores de estos graves hechos.
"En el caso de los lideres sociales y defensores de derechos humanos hemos alcanzado tasas de esclarecimiento de homicidios en autoría intelectual y material el 53.5 por ciento, es decir más de la mitad de los homicidios los estamos esclareciendo en estos momentos", dijo Martínez.
Según el fiscal Martínez esta tasa de esclarecimiento de asesinatos de defensores de derechos humanos constituye un resultado inédito a nivel continental.
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"Por ejemplo, en Chicago la tasa de esclarecimiento del homicidio es del 38 por ciento, con todos los elementos técnicos para la investigación criminal que se tiene ese país", indicó Martínez.
"Lo que significa un avance muy significativo en las capacidades institucionales para romper ese viejo vicio de la impunidad en materia del homicidio, tanto más en la defensa de los defensores de derechos humanos", agregó el fiscal Martínez.
A propósito de este informe judicial, las autoridades también avanzan en las investigaciones por el asesinato de dos líderes aborígenes del Pueblo Indígena awá, en el Resguardo Indígena Palmar Imbi ubicado en el municipio de Ricaurte, en el departamento de Nariño.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las víctimas son Héctor Ramiro García, fundador de la organización indígena Camawari, y su hijo Arturo García, elegido el pasado sábado como Gobernador del Cabildo.
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De acuerdo con los representantes del a ONIC, en estos hechos, otras cuatro personas resultaron heridas y su estado de salud es delicado.
La Oficina de Naciones Unidas, entre 2016 y agosto de 2018 se cometieron 196 homicidios contra defensores de derechos humanos y se estableció que más del 50% de los homicidios se cometieron contra líderes de juntas de acción comunal y líderes comunitarios y más del 24% corresponden a líderes indígenas y campesinos.
El reporte de la Fiscalía en torno a los avances en los casos incluyen 17 sentencias condenatorias, 60 imputaciones y 13 órdenes de captura.
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