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Martínez manifestó que esa construcción de la nueva política para enfrentar el delito, debe ir acompañada por autoridades judiciales y con apoyo de la academia para dar solución a la crisis.
"En la actualidad hay 112.461 audiencias represadas, de ellas 17.168 son de imputación, de las cuales ya hay programadas 1725 a un año; el colapso crece cada dos meses el 10%", recalcó Martínez.
Además, según el jefe del ente acusador, existen según datos de las autoridades en los despachos judiciales 9.864 decisiones de jueces pendientes y mas de 15 mil personas a las que no se le ha resuelto su situación jurídica, a pesar de aceptar cargos ante jueces de la República.
Por otro lado, el Fiscal reiteró el llamado al presidente Juan Manuel Santos para que defina los alcaldes de la Justicia Especial para la Paz, para que el país no pase de una "guerra militar" a una "guerra jurídica".
"Creemos firmemente que la JEP está llamada a cerrar jurídicamente el conflicto que vivió el país, además se debe tener en cuenta que de no explicarse los alcances de esa justicia especial, uno de los actores del conflicto se empeñaría en la aplicación de un régimen ajeno a la justicia transicional", sostuvo Martínez.
Por último, el Fiscal General lamentó que jóvenes cultivados en las ciencias sociales ahora hacen de la anarquía violenta un estilo de vida como símbolo de amenaza y destrucción, a propósito de casos de terrorismo como el que se registró en el centro comercial Andino, al norte de Bogotá.
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