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El Consejo de Estado determinó que los familiares del personal de salud que hayan fallecido por contagio del coronavirus tendrán derecho a recibir un incentivo económico sin importar si la emergencia sanitaria finalizara.
Para el alto tribunal, este beneficio no puede limitarse a las muertes producidas durante el periodo de emergencia generada por la pandemia.
Es decir que “si se comprueba que el deceso fue producto de la enfermedad y se certifica que el operario de la salud se contagió como consecuencia de la prestación del servicio a los enfermos o las sospechosas de estarlo, se debe pagar el incentivo económico, aun cuando haya muerto después de que el Ministerio de Salud levante esta emergencia sanitaria”.
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El máximo tribunal de lo contencioso administrativa dejó en firme la normativa de la resolución 1774 del 6 de octubre del 2020, la cual estableció que ese incentivo económico “no puede ser inferior a un salario mínimo mensual vigente, ni superar los 4,5 salarios”.
En la normativa emitida por el Ministerio de Salud también definió los perfiles ocupacionales del talento humano en salud beneficiario de estas ayudas.
El Consejo de Estado advirtió que las autoridades de salud deben garantizar que los familiares de los trabajadores del sector de la salud recibían los incentivos económicos.
“El Ministerio, el Instituto Nacional de Salud (INS), las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), los entes territoriales y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) deben coordinar sus competencias administrativas para velar porque todas las personas que integran el talento humano en salud que haya prestado servicios profesionales y humanos a pacientes sospechosos o diagnosticados con COVID realmente reciban este beneficio económico”, precisa el fallo.
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Esta decisión se conoció en el marco del control automático de legalidad que hizo el Consejo de Estado a los decretos legislativos emitidos por el Gobierno, en desarrollo de la emergencia social, económica y ecológica que se implementó el 17 de marzo del 2020, para atender la pandemia.
