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Según el jurista, las pruebas recolectadas demuestran que este crimen no se relaciona con el conflicto, sino que hizo parte de un plan sistemático perpetrado por los paramilitares con la complicidad de miembros de la Fuerza Pública para atentar contra defensores de derechos humanos y periodistas.
"En el caso de Jaime Garzón lo que nosotros hemos sostenido es que no se trató de un homicidio en el marco del conflicto sino del atentado contra un periodista y defensor de derechos humanos que fue declarado como un delito de lesa humanidad", dijo el abogado Escobar.
Esta declaración se produce a raíz de la posibilidad de que en relación con el homicidio del periodista, agentes del Estado como el coronel retirado Jorge Eliécer Plazas Acevedo y el exsubdirector del DAS, Jose Miguel Narvaez, puedan llegar a resultar cobijados por la JEP.
"Creemos que es un hecho de violencia socio-política pero no necesariamente un hecho que tiene una vinculación directa con conflicto armado", indicó el abogado Escobar.
