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La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a imputación de cargos a los primeros 11 militares y civiles, involucrados en los denominados casos de 'falsos positivos'.
La decisión de este tribunal especial se tomó contra un brigadier general, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos, un cabo del Ejército y un civil, quienes son los primeros llamados a responder ante ese tribunal por el macro caso 03 relacionado con el escándalo de 'falsos positivos' en el departamento de Norte de Santander.
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Se trata de un fallo de 240 páginas en el que los magistrados les imputaron a este primer grupo de implicados el crimen de guerra de homicidio en persona protegida, crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil.
La JEP señaló que estos imputados participaron de forma determinante en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión en la zona del Catatumbo en Norte de Santander, que posteriormente fueron presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008, con el fin de aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar.
Los llamados a imputación son: el brigadier general Paulino Coronado Gámez quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15; el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la Brigada Móvil 15 y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.
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También fueron llamados a responder por estos graves hechos los antiguos oficiales de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA): capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz; así como al sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN, al cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15 y al civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares.
“Estos militares y civiles actuaron siendo conscientes de que estos delitos se cometían como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, razón por la cual también existen bases para determinar que son responsables de crímenes de lesa humanidad”, indicó la JEP.
Estas imputaciones hacen parte del primero de por lo menos seis Autos de Determinación de Hechos y Conductas que expedirá la JEP en el caso de los ‘falsos positivos’ que también se priorizó en las zonas de Antioquia, la Costa Caribe, Huila, Casanare y Meta.
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La JEP precisó que de los 11 máximos responsables imputados por la JEP, cinco como son un teniente coronel, tres sargentos y un civil ya habían sido condenados por algunos hechos individuales.
La Sala de Reconocimiento pudo determinar que este patrón macrocriminal tuvo dos modalidades sucesivas que se distinguen por el perfil de las víctimas.
La primera modalidad corresponde al asesinato de hombres jóvenes de entre 25 y 35 años, habitantes del área rural del Catatumbo, en su mayoría agricultores, comerciantes y transportadores informales.
La segunda modalidad consiste en el asesinato de jóvenes, provenientes de otras regiones, engañados para ser trasladados al Catatumbo.
Los magistrados advirtieron que esta decisión es el resultado de la contrastación judicial y el análisis de todo el acervo probatorio del caso como son 8 informes aportados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, 41 versiones de comparecientes desde soldados hasta generales, incluyendo civiles que colaboraron con las unidades militares.
Igualmente, fueron practicadas inspecciones judiciales a 21 procesos de la jurisdicción ordinaria y 28 de la jurisdicción penal militar y la contrastación de piezas procesales de más de 100 expedientes remitidos a la JEP por la jurisdicción ordinaria.
Así mismo, la contrastación y análisis de 258 libros de documentos oficiales de programas operacionales, misiones tácticas, actas de pago de recompensas y de levantamiento de cadáveres, órdenes del día, radiogramas operacionales y las carpetas oficiales de cada una de las supuestas “bajas en combate” obtenidos en los archivos de la Brigada 30 y el BISAN.
