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Jorge Enrique Pizano, testigo clave en caso Odebrecht, falleció por cuenta de un infarto en su finca de Subachoque, en Cundinamarca. El excontroller de la concesión Ruta del Sol y testigo en el proceso que se adelanta contra Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, también era investigado por la Fiscalía General de la Nación.
Pizano dio cuenta de las supuestas irregularidades que se cometieron en la ruta del Sol para favorecer a la multinacional brasileña, que pagó múltiples sobornos para hacerse con adjudicaciones y obras de gran cuantía en Colombia. Por este caso, Luis Fernando Andrade Moreno fue cobijado con medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria como posible responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de autor; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, como coautor, y falso testimonio en calidad de determinador, en relación con el contrato de la Ruta del Sol II, realizado con Odebrecht y Corficolombiana.
Jorge Enrique Pizano también estuvo en la mira de la Fiscalía General de la Nación en dos ocasiones. El 25 de noviembre de 2013, en el marco de las investigaciones por el carrusel de la contratación en Bogotá, el ente acusador instó a Jorge Enrique Pizano, en su calidad de exgerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, a responder por continuas irregularidades en procesos de contratación en esa entidad durante la alcaldía de Samuel Moreno.
Posteriormente, el 24 de octubre de 2017, la Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho impropio en concurso heterogéneo, en contra del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas. Y allí fue mencionado Jorge Enrique Pizano.
La Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia reveló entonces que los hechos se registraron entre los años 2008 y 2011, cuando al parecer, en coautoría con su hermano el senador Néstor Iván Moreno Rojas habrían recibido la suma de mil millones de pesos ($1.000’000.000) en efectivo, de los constructores Paola Fernanda Solarte Castillo y Orlando Fajardo Castillo para beneficiarlos con la adjudicación del contrato para el diseño, construcción y puesta de operación del túnel Tunjuelo – Canoas.
Según el ente acusador, en el ilícito hubo coparticipación criminal de Néstor Iván Moreno y de particulares como Emilio Tapia, Manuel Sánchez y el entonces gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, (EAAB), Jorge Enrique Pizano Callejas.
