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La reciente incidencia ocurrida en el barrio Santander de Bogotá ha suscitado una intensa controversia en las redes sociales, arrojando luz sobre los límites y alcances de la legítima defensa en Colombia.
En este contexto de persistente inseguridad en la ciudad, un individuo armado irrumpió en un restaurante, amenazando a los clientes y exigiendo la entrega de sus pertenencias. Durante el enfrentamiento que siguió, se produjo un intercambio de disparos que resultó en la muerte de los dos presuntos delincuentes.
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Los videos del incidente muestran al expolicía, quien disparó contra los asaltantes, salir del establecimiento y continuar disparando al cómplice que aguardaba en una motocicleta, causándole la muerte a pocos metros del lugar.
Las autoridades han informado que uno de los delincuentes tenía antecedentes por porte ilegal de armas y tentativa de hurto.
Aunque el expolicía fue puesto bajo custodia mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes, finalmente fue liberado, aunque sigue ligado al proceso.
Este caso plantea interrogantes sobre la legalidad y proporcionalidad de la respuesta ante la amenaza de un delito violento, así como sobre el rol de las autoridades en la protección de los derechos individuales y la seguridad ciudadana.
En medio de ese panorama, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, aseguró que el expolicía no actuó en legítima defensa y que debería pagar cárcel por homicidio agravado.
Expolicía debería pagar cárcel: Bernate
Según Francisco Bernate reciente incidente en el barrio Santander de Bogotá, en el que un expolicía disparó a dos presuntos delincuentes en un restaurante, "no es una legítima defensa".
En primer lugar, señala que "el ciudadano reacciona cuando los ladrones ya habían salido del establecimiento, no hay una agresión actual o inminente". Además, destaca que "la reacción es desproporcionada", ya que considera que "una pena de muerte por una cadena" no es justificable.
El abogado Bernate sugiere que se considere la posibilidad de calificar los hechos como homicidio agravado. En este sentido, expone que "hablar de homicidio agravado sobre los rateros por la indefensión podría conllevar una pena de prisión de 33 a 50 años".
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También plantea la opción de analizar el caso desde la perspectiva del exceso en la legítima defensa, lo que podría resultar en "una sanción de hasta 25 años". Asimismo, Bernate menciona la posibilidad de "hablar de ira o intenso dolor", lo que podría llevar a una "sanción aproximada de 9 años", siendo esta última opción la más viable según su criterio.
En resumen, según Bernate, en ningún caso se puede considerar que haya existido legítima defensa en este incidente.
