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El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino no aceptó los cargos de concusión (petición de sobornos) y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública imputados por la Fiscalía General dentro del proceso que se le adelanta por su presunta participación en el escándalo del 'cartel de la toga'.
"Rechazo los cargos", aseguró el exmagistrado ante la pregunta del juez 28 de control de garantías de Bogotá. La Fiscalía General señala que Tarquino, siendo abogado litigante, le pidió al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons una cifra cercana a los dos mil millones de pesos para desviar las investigaciones que se adelantaban en su contra por hechos de corrupción en el departamento.
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Para el ente investigador, pese a su formación académica y haber ocupado un alto cargo dentro de la Rama Judicial, Tarquino continuó adelante con su plan pese a que sabía que era totalmente ilícito.
El ente investigador manifestó que existió una alianza ilícita con el también exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, Leónidas Bustos para exigir estas comisiones a cambio de mover influencias en la Fiscalía General y así archivar los casos.
En este sentido, Lyons se negó a pagar las sumas de dinero que les exigían los dos exmagistrados. El exmagistrado le manifestó a Tarquino que solamente lo había contratado para que lo ayudara con su imagen pública y no para cometer acciones ilegales.
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Tiempo después, el exmandatario tomó la decisión de buscar a las autoridades de los Estados Unidos para ponerles de presente las presiones económicas que estaba recibiendo por parte del Bustos y Tarquino.
La Fiscalía General se abstuvo de solicitar medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en contra del exmagistrado.
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