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Por cuatro delitos que estarían relacionados al escándalo del cartel de la toga en la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía acusó al exmagistrado de esa corporación, Francisco Ricaurte, frente al caso del cartel de la toga.
En audiencia pública ante el juez 10 con funciones de conocimiento de Bogotá, la Fiscalía mencionó los delitos de cohecho, tráfico de influencias en favor de terceros, concierto para delinquir y uso indebido de información privilegiada.
"Se estructuró una organización criminal compuesta por el exmagistrado de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos, los abogados Luis Gustavo Moreno, y Leonardo Pinilla, y el actual magistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo. Con el propósito de adelantar manipulación de procesos en contra de políticos y gobernadores investigados en esa corporación".
La Fiscalía indicó que "las personas mencionadas se concertaron para constreñir y utilizar de manera indebida información privilegiada, que se adelantaba en la Corte Suprema, en hechos ocurridos entre los años 2013 a 2016".
Las investigaciones advierten que "Francisco Javier Ricaurte y Leonidas Bustos se reunieron en diferentes lugares para tratar las condiciones y la forma como procederían en favor de los denominados clientes, como calificaban a las personas a quienes les ofrecían dichos servicios".
Para la Fiscalía, el exmagistrado habría influenciado en el proceso contra el exsenador Musa Besaile, a quien le pedían 2 mil millones de pesos para retrasar una investigación relacionada con grupos paramilitares.
Además, se manipuló la investigación contra el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, por presunta contratación irregular, quien debía pagar una fuerte suma de dinero para evitar una presunta imputación de cargos en su contra.
El exgobernador Alejandro Lyons tenía un proceso por las irregularidades de las regalías en Córdoba y le pidieron 20 mil millones de pesos de parte del equipo de magistrados para analizar su caso, equipo que era liderado por los exmagistrados Ricaurte y Bustos.
Para el procedimiento contra el exsenador Julio Alberto Manzur, señalado de parapolítica, le cobraban 2 mil millones de pesos, pero Manzur fue capturado en 2015 por parapolítica.
Finalmente, se investiga el caso relacionado con el FONADE, adelantado por el entonces magistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo, investigando por presuntas irregularidades en esa entidad a los exsenadores Álvaro Ashton y Musa Besaile, por pagar favores democráticos con la entrega de puestos de trabajo en esa entidad. El FONADE era considerado un fortín político de los exsenadores Musa Besaile y Bernardo Elías en Córdoba.
