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El excoordinador de Sala de Interceptaciones de la Fiscalía General, Luis Carlos Gómez Góngora –acusado por un escándalo de interceptaciones ilegales- se presentó recientemente ante un juez para retractarse de las acusaciones que hizo hace dos años en contra del exfiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira.
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El 31 de octubre de 2019 cuando Gómez Góngora se filtró el sometimiento de Gómez Góngora ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) aseguró que el entonces Fiscal General había dado la orden directa de utilizar los equipos con los que contaba la Sala Andrómeda para interceptar las comunicaciones de los negociadores de paz que se encontraban en La Habana (Cuba).
En la misiva asegura que dicho sometimiento era un documento borrador que fue filtrado a los medios de comunicación. “Nunca recibí instrucciones del doctor Néstor Humberto Martínez, ni conocí que se hubieran llevado a cabo interceptaciones ilegales a los negociadores de paz, ni otras personas señaladas en el mismo documento”.
Fuentes cercanas indicaron que la retractación se presentó luego que Gómez Góngora fuera denunciado por el delito de calumnia. En una audiencia de conciliación con el exfiscal General se comprometió a retractarse con el fin de cerrar ese capítulo judicial.
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El pasado 24 de marzo, la JEP le cerró las puertas a Gómez Góngora negándole su sometimiento puesto que los hechos por los que enfrenta un proceso penal no tienen relación alguna con el conflicto armado. En la decisión del tribunal de paz determinó el sometimiento del exfiscal no cumplió con los requisitos exigidos.
Gómez Góngora, quien fue capturado el 17 de diciembre de 2018, fue señalado por la Fiscalía General de haber ordenado la interceptación de las comunicaciones de abogados, empresarios, así como a pilotos, entre ellos a Julián Gustavo Pinzón, líder del sindicato de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, en medio del paro y cese de actividades que se adelantó para reclamar mejores condiciones laborales.
La JEP no encontró ninguna prueba que demostrara que las conductas por las que es procesado en la justicia ordinaria hiciera parte de un “aparato institucional criminal” implementado para lograr ventaja militar o avanzar en la lucha contrainsurgente.
Para la Sala, las acciones de Gómez Góngora correspondían a la creación de una empresa criminal particular que se fundó junto a funcionarios y exfuncionarios públicos para realizar interceptaciones ilegales de comunicaciones a cambio de grandes sumas de dinero.
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El exfiscal –quien trabajaba en la Fiscalía desde 1994- se encuentra actualmente privado de su libertad en la cárcel La Picota. Fue acusado por los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.
