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La exrepresentante a la Cámara, Argenis Velásquez se declaró inocente del delito de cohecho por dar u ofrecer (pago de sobornos) en el proceso penal que se le adelanta por su presunta participación en el conocido escándalo del ‘cartel de la toga’.
Velásquez, quien fue congresista por el departamento del Putumayo, le habría entregado 200 millones de pesos al abogado Luis Gustavo Moreno Rivero para que moviera sus influencias y se archivara una investigación que se adelantaba en su contra en la Corte Suprema de Justicia.
La Fiscalía General señaló que en 2014, la dirigente política habría contactado al jurista para que para le enviara esa suma dinero al magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, Gustavo Malo que adelantaba su investigación por malos manejos en el sector de la salud.
Para el ente investigador, Velásquez pagó esta suma de dinero con el único objetivo de "retardar el trámite y el impulso de la investigación que se adelantaba en su contra" en el alto tribunal.
Ante la pregunta de la jueza de control de garantías, la excongresista se declaró inocente de los hechos materia de investigación. El ente investigador se abstuvo de solicitar medida de aseguramiento en contra de Velásquez.
En marzo de 2018, la Contraloría General de la República le ordenó el pago de 408 millones de pesos como multa a la excongresista liberal por el desfalco al sector de la salud qe se registró cuando se desempeñó como alcaldesa del municipio de Orito (Putumayo).
En los dos fallos fiscales se manifiesta que la exmandataria incurrió en actividades que afectaron los recursos del municipio ordenando el pago injustificado a EPS.
En el primer caso se señala que sin justificación ordenó el pago para "cancelar" deudas por 79 millones de pesos contraídas por dos EPS con una droguería del municipio "cuando esas obligaciones no existían".
En el segundo fallo de la Contraloría se advierte el pago de 328 millones de pesos para la misma droguería por unas deudas nunca existieron.
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Sin embargo, el ente de control fiscal indicó que "tales pagos no podían hacerse dado que estas dos EPS no tenían deudas por las referidas sumas con esta droguería, ni autorizaron hacerle giro alguno".
La entonces alcaldesa habría pedido sacar 247 millones de pesos de una cuenta maestra del municipio para trasferirlos a la droguería Dinámica.
