¿Es viable la tutela de indígenas venezolanos para pedir a Colombia por sus derechos?

Los Yukpa viven hace año y medio en condiciones indignas en Cúcuta. Este jueves el alto tribunal tiene la oportunidad de analizar su caso.
Indígenas yukpas en Cúcuta.
Desde 2017 han ingresado por lo menos 500 indígenas Yukpas a Colombia, viven en condiciones vulnerables en el barrio El Escobal de Cúcuta. Crédito: Cortesía Dejusticia.

Según Migración Colombia, cerca de 1.600 ciudadanos venezolanos diariamente cruzan la frontera con Colombia haciendo uso de su Tarjeta Migratoria. Pero al contabilizar los que han salido de su territorio durante lo corrido de 2018, hay al menos 423 mil ciudadanos que han buscado nuevas oportunidades en el sur del continente, atravesando el Puente Internacional de Rumichaca. Los indígenas no son la excepción.

Se trata de los Yukpa, que en español significa “indio manso”, ese es el nombre que lleva la comunidad indígena que busca que la Corte Constitucional colombiana legitime sus derechos. Desde el siglo XVIII y XIX esta comunidad se asentó en la Serranía del Perijá, ubicada en la frontera colombo venezolana y que desde el año pasado comenzó a buscar refugio en Norte de Santander.

Su objetivo era buscar alimentos y asistencia médica para los niños y las mujeres gestantes con el fin de superar las condiciones en las que vivían en Venezuela. Óscar Calderón, Coordinador Regional de Norte de Santander del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), conoce de cerca su historia pues ha visto como a través de este puente hace unas décadas se iban los colombianos con metas por cumplir en el país vecino, y también ha presenciado como en los últimos cuatro años, desde 2014, la situación cambió y ahora son ellos quienes llegan buscando soluciones en Colombia.

Por eso, recuerda como hace año y medio empezaron a llegar los indígenas de la comunidad Yukpa con diferentes enfermedades como: diarrea, tuberculosis y mujeres con cáncer de cuello uterino. Con las dificultades del idioma, pues son muy pocos quienes hablan español, entendieron las necesidades de los 500 yukpas que llegaron a Cúcuta. Comprendieron sus costumbres y las razones por las que habían decidido abandonar su territorio. “Ellos tienen sus propias prácticas de higiene, empezaron a ser discriminados y comenzaron a pedir limosna en las calles para sobrevivir”, cuenta Calderón.

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El Servicio Jesuita los ha acompañado y por ende conoce las cifras que ha dejado este desplazamiento, dos niños murieron por desnutrición, dos indígenas desaparecieron entre marzo y abril y uno más fue golpeado por desconocidos. Mientras la comunidad se enfrentaba a esta realidad, emprendieron un proyecto de ollas comunitarias liderada por la organización que también los hizo conscientes de no sacar los niños a las calles, sino que permanecieran en su terreno transitorio, el barrio El Escobal que está junto al puente internacional y muy cerca al río Táchira, de allí es de donde sacan el agua para suplir sus necesidades. Viven en condiciones indignas, en unas especies de cambuches que han fabricado con lo que les ha obsequiado la comunidad.

A esto se suma, que la noche del pasado 17 de mayo un grupo de hombres armados no identificados llegó a la zona, los amenazó y hasta disparó, en medio de la oscuridad salieron a resguardarse y se desplazaron hacia el parque Santander de Cúcuta. Quienes regresaron después a la zona, encontraron los casquillos de las balas de aquella noche, y tienen presente el tamaño que tenían. La gran mayoría abandonaron el lugar de manera permanente, y actualmente, solo hay 70 personas. El resto, se trasladó a ciudades como: Bucaramanga, Barrancabermeja y Tibú. En este último ya hay al menos 200 yukpas.

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Desde entonces, la comunidad indígena teme hablar con los medios de comunicación, pues no quieren sufrir represiones. Su objetivo ahora es lograr condiciones dignas para vivir en el territorio colombiano.

El proceso

El 2 de mayo dos caciques del pueblo Yukpa presentaron una acción de tutela con el propósito que les garanticen sus derechos: a la vida e integridad personal, a la igualdad, a la atención humanitaria de emergencia y a la salud. Sin embargo, el juez en primera instancia la negó. Por lo que decidieron impugnar y tampoco lo lograron. Ahora, Dejusticia, el SJR y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) unieron esfuerzos, esperando que las peticiones de la comunidad indígena sean escuchadas en la Corte Constitucional.

Para Jesús David Medina, investigador de Dejusticia, es muy importante que revisen este proceso pues se trata de los derechos fundamentales de varias comunidades, entre ellos los indígenas, que están en condiciones vulnerabilidad en un municipio limítrofe. “En medio de la migración en Venezuela es una oportunidad novedosa para que la Corte pueda ensanchar su margen de protección a los derechos fundamentales", sostuvo.

¿Qué esperan de la Corte?

A las 4:00 p.m. de este jueves 30 de agosto la Sala de Selección 8 de la Corte Constitucional decidirá sí escoge su caso para revisarlo. De lo contrario, a la comunidad indígena solo le queda una opción hacer una insistencia para que estudien su tutela. Mientras tanto, los Yukpa que históricamente han sido cazadores, pescadores, recolectores y agricultores de maíz intentan sobrevivir en Norte de Santander.


Fiscalía General de la Nación

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