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El registrador Alexander Vega y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Doris Méndez, enviaron a la Corte Constitucional una petición de urgencia sobre el trámite constitucional para darle vía libre al nuevo Código Electoral.
Para ambos funcionaros es fundamental conocer en el menor tiempo posible el fallo que emita la Corte, teniendo en cuenta que ya inició el calendario electoral para las elecciones del Congreso y Presidente de la República en el 2022.
“La organización electoral tiene fundada expectativa en que la aplicación del precitado Código Electoral de manera decisiva contribuirá aún más a que se cumpla un certamen electoral transparente”, dice uno de los apartes de la carta que recibió la Corte.
Para los funcionarios “será de vital importancia la ampliación de puestos de votación: la digitalización de actas, las disposiciones sobre violencia de genero; la reglamentación legal, hoy inexistente sobre la observación electoral”.
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La solicitud se entregó casi 20 días después de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien es el ponente del caso, entregara el proyecto de fallo a la Sala Plena.
En medio del estudio, la Corte también recibió un concepto de la Defensoría del Pueblo en el que advirtió posibles riesgos en las elecciones con la implementación del nuevo Código Electoral que permite a la Registraduría crear un servicio nacional de jurados de votación.
“La posibilidad de elegir jurados de manera directa y no aleatoria, para la integración del Servicio Nacional de Jurados de Votación, al que refiere la disposición mencionada, constituye un riesgo respecto de la garantía de objetividad y transparencia que debe rodear a todo proceso democrático”, se lee en el documento.
Así mismo, la Procuraduría General de la Nación propuso aumentar al 50% la participación de las mujeres en las listas de candidatos a las próximas elecciones al Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales.
“Someter la variación del porcentaje de cuota de género al número de curules por la que se presenten las candidaturas, no resulta razonable de cara a la equidad que se persigue (…) entonces es claro que el factor número se convierte en un obstáculo de la progresividad de la paridad”, dijo la Procuraduría en el concepto que entregó a la Corte.
