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El juez 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá revocó la detención domiciliaria que se impuso a favor de Laude José Fernández, exdirector de Inteligencia del DAS, vinculado con el escándalo por las ‘chuzadas’ telefónicas a los integrantes del sindicato de Avianca y lo envió a la cárcel.
La decisión de segunda instancia se dio luego de la apelación que presentó la Fiscalía, al considerar que Fernández podría afectar el curso de la investigación, sobre las interceptaciones telefónicas a través de la empresa Berkeley Research Group (BGR).
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El pasado 12 de julio, la juez 49 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá impuso la medida de aseguramiento con detención domiciliaria de Fernández, al argumentar que el procesado se había entregado a las autoridades y que, con la misma, sería suficiente.
"La detención domiciliaria es una medida suficiente para el caso, en el lugar de residencia que ha señalado el indiciado", dijo la juez quien avaló los argumentos presentados por la defensa de Fernández.
Una vez se conoció la decisión de la funcionaria judicial, los abogados que representan a las víctimas presentaron recurso de reposición en subsidio de apelación, al igual que la Fiscalía, por considerar que el indiciado es un peligro para la sociedad por el poder que tuvo de interceptar las comunicaciones de los trabajadores de Avianca y de dos abogados.
"Consideramos que no es suficiente que cumpla la medida de aseguramiento en su casa, porque ahí podrá tener contacto con sus fuentes y tendrá acceso al celular y a los mismos medios, que utilizó para la comisión de los delitos; no se están protegiendo a los afectados", señaló una de las abogadas de las víctimas.
Por lo mismo, el juez 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá ordenó revocar la decisión de primera instancia e imponer la medida de aseguramiento con detención preventiva de la libertad en establecimiento carcelario contra el exdirector de inteligencia del DAS.
Se espera que expida la orden de captura en su contra. Fernández no acudió a la audiencia pero si lo hicieron sus apoderados, que no están conformes con la decisión.
Así va el proceso
Fernández habría adelantado la interceptación de la línea telefónica del capitán Julián Pinzón -director de Seguridad Aérea y Asuntos Técnicos de la Asociación Colombiana de Aviadores de Avianca (Acdac), también del actual director general de Enel Colombia y quien para la época de los hechos fungía como presidente para Latinoamérica del Grupo Enel - Condensa, el empresario español Lucio Rubio Díaz, además del abogado Felipe Jaramillo Londoño.
En la imputación de cargos se reveló que el exfuncionario del organismo de inteligencia fue contactado por Avianca para realizar actividades de inteligencia corporativa y desarrollo de litigios por medio de la empresa BRG Colombia.
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En ese momento se le manifestó la preocupación que existía por parte de la aerolínea por las filtraciones sucesivas que se estaban presentando de las decisiones que se tomaban en las juntas y las cuales habían sido conocidas por la prensa, junta directiva e integrantes del sindicato.
En ese momento Laude les señala que una solución efectiva era hacer una auditoría de todos los correos para verificar la información y “una posible fuga”. Sin embargo, esta petición no fue contratada por Avianca.
Sin embargo, se habría tomado la decisión de interceptar unas líneas telefónicas para tener acceso a información directa y detalles.
El primero de diciembre de 2017, cuando se declaró la ilegalidad del paro del sindicato de Avianca, la aerolínea “coincidencialmente” inició el trámite de despidos de los pilotos despidos masivos.
Tres días después se ordenó la interceptación de la línea telefónica del capitán Pinzón.
