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En el sitio conocido como La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín un equipo de investigadores y magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelanta una inspección judicial.
En el lugar se presume que hay restos óseos de víctimas de desaparición forzada, en hechos ocurridos en octubre de 2002 cuando se ejecutó la operación Orión.
Según fuentes de corporaciones defensoras de Derechos Humanos, la diligencia se adelantará de forma reservada, sin entregar detalles a la opinión pública. Al parecer, la visita está acompañada de personas que aseguran conocer la ubicación de cuerpos.
Cabe recordar que organizaciones de víctimas aseguran que durante la operación Orión hubo 88 asesinatos y 300 capturados arbitrariamente. En la primera intervención de búsqueda solo fueron encontrados documentos personales, ropa y restos de animales.
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La esperanza para las víctimas es que la JEP finalmente dicte las medidas cautelares en La Escombrera.
Veredas desprotegidas
De otro lado, en los próximos dos meses un grupo de 62 reincorporados de las Farc junto a sus parejas sentimentales e hijos se desplazarán del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía en Ituango por amenazas de grupos armados ilegales.
Con la salida de esa comunidad preocupa la seguridad para la población civil en esa región, ya que los habitantes señalaron que con la permanencia de los excombatientes en la zona se garantizaba una alta presencia del Ejército y la Policía.
El alcalde de esa población, Edwin Mira Sepúlveda, dijo que teme por la seguridad de los habitantes tras denunciar que los grupos armados ilegales aprovecharían para invadir esa zona que ya había sido despejada de los violentos y donde se tenía control por parte de las autoridades.
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Cabe mencionar que los 20 excombatientes que decidieron permanecer en el espacio de reincorporación gestionarán ayudas con entes internacionales para garantizar su protección y seguridad.
Por su parte, el dirigente del partido Farc en Antioquia, Marcos Urbano, insistió en la importancia de esa ayuda internacional, toda vez que en Ituango desde la firma del acuerdo de paz doce excombatientes han sido asesinados.
