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Gremios económicos, centrales obreras y otros sectores de análisis financiero debatieron sobre las luces y sombras que deja la decisión de la Corte Constitucional, que tumbó la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso a finales del año pasado.
El alto tribunal declaró la norma inexequible (no ajustado a la Constitución), argumentando vicios de trámites. Tras una compleja discusión, señaló que existieron muchas fallas en el trámite en el texto aprobado por la Cámara de Representantes.
La Corte determinó que la inexequibilidad de esta ley tendrá efecto diferido; es decir, entrará en marcha desde el primero de enero de 2020. En este tiempo, el Congreso de la República podrá expedir el régimen que ratifique, derogue, modifique o subrogue los contendidos de esta ley.
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Tras el fallo, mientas unos sectores económicos advierten que la decisión tendría serias implicaciones en las finanzas del Estado, otros no ven un panorama catastrófico sino que advierten que el plazo que dio la corte es suficiente para tomar las medidas de financiación que necesita el gobierno.
La Asociación Nacional de Empresarios (Andi), había advertido que esta decisión adversa tendrá serias implicaciones sobre las finanzas públicas y sobre la estabilidad jurídica de las empresas.
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El presidente del gremio, Bruce Mac Master, dijo que la caída de la Ley de Financiamiento sería “extremadamente grave para la economía. Además de ser un importante golpe a la certidumbre jurídica con la que deben contar los agentes de los mercados, pondría en graves apuros el financiamiento del Estado”.
El analista económico Ricardo Ávila, exdirector del diario Portafolio, calificó el fallo como una “decisión desafortunada” de la Corte, que significa –según sus expresiones- un cambio en las reglas de juego, que genera inquietudes y que puede afectar la marcha de una economía que estaba creciendo muy por encima del promedio de América Latina.
“Se presenta la duda sobre si esta noticia generará tanta afectación en los agentes económico y que esto desemboque en un menor ritmo de crecimiento económico, sobre todo en aquellas empresas que habían hecho uso de los estímulos económicos y que ahora quedan en el aire”, señaló Ávila al programa Voces de RCN Radio.
Entretanto, la red por la Justicia Tributaria celebró esta decisión de la Corte al señalar que no resolvía las necesidades fiscales del Estado sino que beneficiaba a las grandes empresas con exenciones tributarias.
Según el vocero de Justicia Tributaria, Mario Valencia, mientras que esta ley esperaba recaudar 7 billones de pesos adicionales en el segundo año le entregaba en exenciones tributarias a las empresas 9.7 billones de pesos.
Para Valencia "la caída de la ley de financiamiento es positiva para las finanzas del Estado porque evitará que el Gobierno siga regalando en exenciones tributarias 9.5 billones de pesos al año".
"Esta reforma no era para recaudar más impuestos si no para beneficiar a los grandes empresarios ", dijo Valencia.
El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, aseguró que no fue una decisión fácil de tomar por parte de La Corte. Señaló que aunque ya se había advertido de los impactos negativos que podría generar la declaratoria de la inexequibilidad en la reducción en la inversión y de crecimiento económicos, la Corte debía resolver otro tema clave sobre los procedimientos para aprobar las leyes en el Congreso.
“La Corte estaba estudiando otro elemento muy importante y era el cumplimiento de los trámites procedimentales de esa ley de financiamiento (…) En su sabiduría consideró insalvable ese vicio al final en el último debate en la Cámara”, señaló Mejía.
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Agregó que, no obstante, la sensación que le queda es que el alto tribunal le “tira un salvavidas al gobierno” para que alcance a tramitar una nueva ley en lo que resta de este año.
“Porque la inexequibilidad se da a partir del primer de enero del 2020 y eso le daría este tiempo que queda, que resta de 2019, para tener que ir al Congreso a tramitar otra vez esta ley de financiamiento y para que surta efecto a través del 2020”, indicó.
Por su parte, las Centrales Obreras celebraron esta decisión, señalando que los nueve billones de pesos con los cuales han sido beneficiados los empresarios tendrían que entrar nuevamente a las cuentas del Estado e, incluso, servir para financiar el Presupuesto General de la Nación del Próximo año.
"Nosotros celebramos la caída de esta Ley porque el Gobierno ya no tendrá excusa de decir que el presupuesto del otro año está desfinanciado. Esos 9 billones de exenciones tributarias servirán para tapar el déficit de 8 billones de pesos del presupuesto ", dijo el secretario de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias.
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