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La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento fue suspendida con el fin de que el magistrado Lara Acuña analice los argumentos y pruebas aportadas tanto por la Fiscalía como por la defensa del mandatario departamental.
Jaime Granados, abogado del gobernador, negó durante la audiencia que su cliente estuviera implicado con este escándalo e indicó que en su momento fue el propio Besaile quien denunció, mucho antes de esta investigación, las irregularidades detectadas en el sistema de salud
Asimismo, aseguró que en este caso se le están haciendo señalamientos a Besaile con base en la declaración de un sólo testigo que carece de toda validez como lo es el exgobernador Alejandro Lyons.
"No pudo existir acuerdo criminal entre Lyons y Besaile porque nadie corrobora la versión de Lyons, por el contrario existen varios testigos como Guillermo Pérez Ardila que desmienten tal acusación", dijo Granados.
En su oportunidad, Granados también presentó toda una serie de documentos, entre ellos 15 oficios distintos, para probar que el gobernador Besaile no fue advertido de que no pagará una cuenta en 2016 a la IPS San José de la Sabana por valor de 1.525 millones de pesos para suministrar medicamentos a los falsos pacientes de la hemofilia.
No obstante, la Fiscalía le formuló cargos a Besaile por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.
Por la relevancia y gravedad de los delitos imputados contra el gobernador de Córdoba Edwin Besaile, la Fiscalía pidió medida de detención preventiva en establecimiento carcelario, argumentando que podría ejercer presión sobre sus subalternos para lograr sus cometidos.
"Estamos en presencia de un concierto delictivo político de un departamento que exige una respuesta del Estado severa que garantice la seguridad del proceso", agregó la Fiscal.
