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Durante la audiencia que se llevó a cabo en el Tribunal Superior de Bogotá, el abogado defensor de Besaile, Jaime Granados, pidió que la audiencia de la medida de aseguramiento se aplazará mientras se analizan las pruebas presentadas por la Fiscalía en contra de su defendido.
La fiscal del caso dijo que se le imputa al gobernador del departamento de Córdoba la circunstancia de mayor agravamiento por su función pública.
Igualmente advirtió que el denominado cartel de la hemofilia trascendió la administración del exgobernador Alejandro Lyons y llegó hasta Besaile.
La fiscal igualmente pidió al magistrado imponerle la restricción de enajenación de 15 bienes inmuebles en Sucre y 52 bienes en Córdoba, para que esté no pueda venderlos ni traspasarlos a terceros.
Para el próximo 16 de febrero fue aplazado el proceso en el cual se conocerá si se dicta o no medida de aseguramiento en contra el gobernador de Córdoba Edwin Besaile.
La fiscal 12 delegada ante la Corte Suprema de Justicia dejó en claro que este proceso corresponde a la política de bolsillo de cristal y se adelanta en la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Además, la Procuraduría apoyó la solicitud de la Fiscalía de dictarle medida de aseguramiento a Besaile por delitos contra la administración pública.
Anteriormente el ministerio Público lo había suspendido de forma provisional para evitar que interfiera con el trámite de la investigación, teniendo en cuenta el grado de subordinación de los funcionarios que intervinieron en el trámite de los pagos a la IPS.
La Procuraduría indicó que se tuvieron en cuenta varias pruebas, entre ellas, la declaración a un medio radial donde el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, donde aseguró que su sucesor en 2016 siguió pagando las cuentas por la atención a falsos pacientes de hemofilia.
“También obran en el expediente declaraciones de los presuntos pacientes y del hematólogo que había certificado a los enfermos de hemofilia, quien denunció que su nombre y su firma fueron falsificados”,dice el comunicado.
