Dos personas fueron asesinadas en Tarazá horas después del consejo de seguridad en la región

Con estos casos, ya son 389 las personas asesinadas este año en el Bajo Cauca antioqueño, informó la Policía de la región.
Con estos casos, ya son 389 las personas asesinadas este año en esa región.
En Barranquilla se presentaron 17 muertos en época de Carnaval. Crédito: Cortesía: Policía Antioquia.

Como Luis Fernando Villa fue identificado el hombre asesinado a pocos metros de la base militar de la vereda Piedra de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, donde este fin de semana se realizó un consejo extraordinario de seguridad por el incremento de homicidios en la región.

Además, fue asesinado a disparos otro hombre que aún no ha sido identificado, según confirmó el comandante de la Policía en el Bajo Cauca, coronel Daniel Mazo, quien reiteró que se adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido., toda vez que no hay claridad y de acuerdo con las primeras hipótesis se trataría de un ajuste de cuentas.

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Sólo en esta región del departamento se registran 389 muertes violentas en lo que va corrido del año, siendo esta la zona con el incremento más alto en muertes violentas en todo el territorio nacional.

Otros hechos violentos

La semana anterior, en el sector conocido como El Doce en este mismo municipio, asesinaron a Javier Enrique Tapias Tabares, de 56 años de edad, integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Ocabajo. El hombre se desplazaba por la zona con una mujer, identificada como Irma Restrepo, de 36 años de edad, quien también fue asesinada con varios impactos de bala.

El delegado de Derechos Humanos de la ONG Nodo Antioquia en el Bajo Cauca, Manuel Atehortua, confirmó que estas dos personas se movilizaban en una moto cuando fueron abordados por hombres armados y les quitaron la vida. Las víctimas quedaron tiradas en la vía.

Más información: Doble homicidio en Tarazá, Antioquia; una víctima era líder social

Sobre Tapias Tabares no se conocían amenazas en su contra. Con este caso, ya son 32 los defensores de derechos humanos amenazados en el departamento. De hecho, la mayoría de las familias de los defensores son extorsionadas y deben pagar altas sumas de dinero para permanecer en sus territorios.


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