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De acuerdo con el fiscal delegado en el proceso, Otero, como máximo accionista de la empresa Fidupetrol, intervinó ante la Corte Constitucional en calidad de determinador, para que de acuerdo a sus intereses fuera acomodada una acción de tutela, la cual en su revisión debía negar el cumplimiento del reintegro de 25 mil millones de pesos a la Gobernación del Casanare; sentencia que fue emitida por la Corte Suprema de Justicia.
“Pretendía proteger sus intereses económicos por ser propietario del 49.9 por ciento de las acciones de Fidupetrol y contrató al abogado Víctor Pacheco para que realizara las actividades ilícitas", anotó el delegado acusador.
La Fiscalía advirtió que "la medida de aseguramiento de carácter preventivo obedece a la evidencia física y los elementos materiales probatorios recogidos y custodiados en los que se puede inferir razonablemente la responsabilidad de Otero en los hechos denunciados".
Asimismo, se hace necesaria para garantizar su comparecencia y cumplimiento con la administración de justicia.
"Atiende además, a la gravedad y modalidad de la conducta, a la pena imponible y a la gravedad del daño presuntamente causado a la sociedad", sostuvo el fiscal encargado de la imputación y solicitud de la medida preventiva.
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