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Un juez de control de garantías determinó imponer medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria, contra los cuatro presuntos responsables del incendio y saqueo al peaje de San Miguel en Sibaté (Cundinamarca) en los actos vandálicos que se presentaron en ese sitio el pasado 3 de mayo.
Los afectados con la decisión son: Andrés Felipe Pérez Landinez, Jefferson Steven Martínez Prieto, Omar Fernando Farías Bello y Johan Esteban Zúñiga Muñoz.
Los peritos de la Fiscalía evaluaron los daños originados producto de estos actos vandálicos en más de 700 millones de pesos.
“Queremos decirle a la opinión pública lo siguiente, en este punto, en el punto donde fue vandalizado, que hemos capturado y judicializado a los cuatro presuntos responsables del incendio y saqueo en este peaje ubicado en la vía de Sibaté, que conduce a Fusagasugá”, señaló el Fiscal General.
El fiscal Barbosa señaló que gracias al abundante material de prueba, la evidencia física y los videos de las cámaras de seguridad, se pudo establecer que los hoy procesados habrían llegado al lugar, intimidaron al personal de la concesión vial, prendieron fuego a las casetas de recaudo y hurtaron varios elementos de valor de las taquillas.
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Los implicados en este caso fueron capturados en un operativo conjunto entre agentes del CTI de la Fiscalía y la Sijin de la Policía Nacional en Sibaté.
En atención a los hechos investigados, un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó a este grupo de capturados los delitos de hurto calificado y agravado, en concurso con incendio y daño en bien ajeno agravado.
Al ser interrogados por el juez a cargo del proceso, ninguno de los detenidos aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación.
Extinción de Vehículos
“Este es un mensaje también para aquellos que utilizan los bienes en la ejecución de conductas criminales, que durante las audiencias fue avalada la incautación con fines de decomiso de tres vehículos, entre ellos un furgón utilizados para la comisión de los actos vandálicos. La Fiscalía reitera que bienes que sean utilizados para cometer delitos serán afectados con los mecanismos que tiene a disposición por la ley”, señaló el fiscal Barbosa.
Así mismo, aclaró que se solicitará la suspensión del poder dispositivo, “es decir, que no se podrán ni vender, ni negociar esos bienes un juez de garantías y la Fiscalía de ahora en adelante administrará esos bienes hasta que exista una sentencia judicial".
Agregó que también se recurrirá a las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro en el marco del trámite de extinción de dominio, cuando a ello haya lugar, para que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) administre los bienes.
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“Cuando exista una decisión de procedencia de la acción por parte de un juez, el valor de los bienes será distribuidos entre las ramas Ejecutiva y Judicial”, manifestó el fiscal Barbosa.
“Este es un hecho concreto de resultados a pocos días de haberse cometidos los hechos. Aquí no puede permitirse, desde ningún punto de vista, que se pretenda a través de la delincuencia y de la vandalización pensar que la judicialización se detuvo en Colombia y que mientras existan este tipo de cosas la Fiscalía no va a actuar”, enfatizó.
