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La Sala Plena de la Corte Constitucional aceptó el impedimento que presentó el magistrado Alejandro Linares, para no hacer parte de las votaciones sobre la despenalización total del aborto.
La decisión se tomó con ayuda del conjuez Hernando Yepes, quien ayudó a destrabar las votaciones sobre la participación del magistrado en ese proceso.
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De esta manera se reanuda el debate de fondo sobre la demanda que pide eliminar del Código Penal el delito de aborto, que impone hasta tres años de prisión a quienes lo practiquen.
Con la salida de Linares de la discusión, las votaciones sobre la despenalización total podrían quedar en empate y la Sala podría convocar a otro conjuez para avanzar en el proceso.
Los votos a favor de la despenalización serían de los magistrados Alberto Rojas, José Fernando Reyes, Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo.
Entre tanto, los magistrados que estarían en contra de la despenalización total y dejar las tres causales vigentes desde el 2006, serían Paola Meneses, Cristina Pardo, Jorge Enrique Ibáñez y Gloria Ortíz.
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El magistrado Linares tuvo que declararse impedido porque en una entrevista en un medio de comunicación se pronunció sobre el aborto, pero dijo que no mostró su posición al respecto, ni tampoco hizo referencia a las ponencias de los magistrados Alberto Rojas y Antonio José Lizarazo, quienes en cada despacho tienen una demanda sobre el tema.
El movimiento Causa Justa, uno de los demandantes, le pidió a la Corte Constitucional celeridad en la decisión de fondo.
Catalina Martínez, directora del Centro de Derechos reproductivos y que también hace parte de la demanda, dijo que en el último año han sido penalizadas “400 mujeres por el delito de aborto y la gran mayoría terminan en condenas”.
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Martínez señaló que la mayoría de las mujeres son de bajos recursos, del campo y que no tienen conocimiento sobre sus derechos.
“Lo que nos muestran las cifras es que las mujeres encuentran barreras para acceder a la interrupción voluntaria, aunque desde el 2006 existen tres cáusales despenalizadas. Más del 80% de las mujeres perseguidas viven en condiciones vulnerables”, dijo.
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