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La Agencia Jurídica del Estado anunció que tomó la determinación de demandar a todos los socios y consorcios de la multinacional Odebrecht, implicados en el pago de coimas para acceder a proyectos de infraestructura en el país.
Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, indicó que se ha adelantado una ofensiva jurídica por los daños y perjuicios que se han ocasionado en proyectos como el de la Ruta del Sol II, por medio de una demanda de reparación directa.
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Además, de acuerdo con el funcionario, avanza una demanda de nulidad del contrato de estabilidad jurídica de Odebrecht contra la concesionaria Ruta del Sol S.A.S, la cual la apoyan el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Superintendencia de Transporte y la DIAN.
Los argumentos de la solicitud de nulidad corresponden a que se detectó que el contrato se celebró con objeto y causa ilícita, la cuantía de la demanda se está determinando y depende -según la agencia- del beneficio tributario que obtuvo dicha sociedad en virtud del contrato.
“Hay demandas contra el Estado, pero hay demandas del Estado contra Odebrecht. La agencia, la DIAN, el Ministerio de Transporte estamos presentado, estamos en los últimos cálculos; una demanda de nulidad del contrato de estabilidad jurídica para que devuelvan el dinero que se ahorraron en impuestos por ese contrato obtenido ilícitamente con coimas”, sostuvo Gómez.
Agregó, en una declaración que dio en la Casa de Nariño, que “hemos demandado también en una acción de reparación directa a todos los socios del consorcio y a todos los que participaron en las coimas, para que reparen el daño y el perjuicio ocasionado a Colombia y se vienen más medidas”.
La demanda de reparación directa, de acuerdo con la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, hace referencia al contrato de concesión No. 001 de 2010, proyecto Ruta del Sol 2, que conllevó a la terminación anticipada del mismo en febrero de 2017.
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Según la entidad, la cuantía de esta demanda es de $13.100.082.793. Este monto será actualizado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con base en los perjuicios del Estado en los cuales han incurrido otras entidades.
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