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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, dejó en firme el proceso penal contra el exsenador Richard Aguilar, por presunta corrupción en contratos cuando fue gobernador de Santander entre 2012 y 2015.
La Corte desestimó los argumentos del abogado Iván Cancino, quien afirmaba que el proceso contra su cliente debía salir de la Corte por haber renunciado a su fuero constitucional de congresista. El abogado sostenía que no se podía equiparar una indagatoria a una audiencia de imputación de cargos contra su cliente.
La Sala Penal tuvo en cuenta la jurisprudencia que trazó la Corte Constitucional para ese tipo de casos cuando señaló que “existe una equivalencia funcional entre la diligencia de indagatoria y la formulación de imputación”.
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Esa jurisprudencia se trazó, al dejar en firme al mantener la calidad de imputado del expresidente y exsenador Álvaro Uribe, por el caso de presunta manipulación de testigos.
“Aunque existen marcadas diferencias entre la indagatoria y la imputación en cuanto a sus formas, esto “no desdibuja la equivalencia referida si se tiene en cuenta que la injuriada cumple -en lo sustancial- con el objetivo establecido para el acto de comunicación de cargos descrito en la Ley 906 de 2004, esto es, informarle al vinculado acerca de los hechos jurídicamente relevantes”, explicó la Corte Suprema sobre el caso de Aguilar.
Con esta decisión de la Corte, el proceso contra Aguilar seguirá intacto en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Aguilar se encuentra detenido como presunto responsable de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación.
En el escrito de acusación de la Fiscalía, que ya fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia, se indica que mientras Aguilar estuvo como gobernador de Santander “habría constituido una empresa criminal para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos y familiares”.
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Como contraprestación de esas adjudicaciones, supuestamente ellos se comprometían a devolver el 10% de cada obra. Según la Fiscalía, hubo irregularidades en al menos seis contratos, entre ellos el reforzamiento estructural del estadio de futbol y adecuación de piscina y del Coliseo Vicente Días Romero; Mejoramiento del corredor Agroforestal y Energético, y contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE).
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