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El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad de al menos 9.800 personas de los municipios de Istmina, Medio San Juan, Sipí y Nóvita en el departamento de Chocó, que se encuentran en confinamiento de manera indefinida, ante el riesgo que genera el anunciado paro armado del frente occidental “Omar Gómez” de la guerrilla del ELN.
El funcionario mostró su rechazo por la gran afectación que ha tenido la comunidad a la que se le ha restringido su movilidad y sus actividades diarias especialmente en el transporte de víveres y alimentos al igual que el acceso a los servicios de salud.
“Desde la Defensoría del Pueblo insistimos en la importancia de que las autoridades tomen las medidas necesarias para enfrentar la situación humanitaria en la que se encuentran estas comunidades del Chocó y en el bajo Calima en el Valle del Cauca”, sostuvo.
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Dijo que es urgente la protección efectiva de estas personas, a quienes se les debe brindar asistencia humanitaria inmediata.
“Las comunidades afro e indígenas ubicadas en esta subregión del medio San Juan han afrontado eventos sucesivos de confinamiento y desplazamiento masivos a causa de la instalación de explosivos, combates con interposición de población civil, amenazas, restricciones y controles poblacionales y territoriales por grupos ilegales”, advirtió.
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El Defensor del Pueblo anunció además que un equipo de las Regionales Chocó y Pacífico, de la Delegada del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), de la Delegada para la Movilidad Humana y de la Dirección de Atención y Trámite de Quejas, acompañarán a la población confinada para lograr la garantía de los derechos de las comunidades.
“Les recordamos a los grupos armados ilegales el llamado de todos los colombianos a mostrar verdaderos gestos de paz en el marco de la propuesta de diálogo que ha venido impulsando el gobierno nacional”, puntualizó.
