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Defensa de Uribe pedirá que se traslade el proceso a justicia ordinaria

El abogado del expresidente dijo que ojalá la Corte Suprema "no actúe como la apéndice de Iván Cepeda".

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Miércoles, Agosto 19, 2020 - 09:48
Abogado Jaime Granados
Colprensa

El abogado Jaime Granados se refirió en entrevista con La FM la salida del expresidente Álvaro Uribe del Senado y dijo que el paso a seguir es informarle a la Corte Suprema sobre esta situación para que los procesos que no estén relacionados con su labor de congresista pasen a la justicia ordinaria, lo que incluiría el caso por presunta manipulación de testigos.

"Una vez se concluya el proceso (conocimiento de renuncia) la Corte debería enviar todo el expediente con originales a la justicia ordinaria", aseguró la defensa del exmandatario, aclarando que esto no implica que se devuelva el proceso al comienzo y se deba iniciar de nuevo y mucho menos "que se recupere la libertad del expresidente, se entiende que continúa".

Dijo que tienen esperanza que el alto tribunal "cumpla la Constitución" y que "no actúe como la apéndice de Iván Cepeda".

Sobre por qué el senador Uribe no presentó el recurso de reposición a la decisión de la Corte Suprema, Granados señaló que "sería ingenuo creer" que al hacerlo cambiaría la posición de los magistrados del alto tribunal cuando expusieron sus razones en 1.500 páginas. "Eso pocas veces pasa", agregó.

Entrevista en La FM con Jaime Granados, abogado de Uribe

Si la solicitud del abogado es aceptada, la investigación contra el exsenador pasaría a la Fiscalía General.

La investigación de la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Uribe Vélez se inició en julio de 2018. El exmandatario volvió al Senado en 2014, y esa es la razón por la que el alto tribunal era el encargado de investigarlo.

En octubre de 2019 fue la indagatoria de Uribe Vélez. Y el pasado 4 de agosto se conoció la noticia de la orden de detención domiciliaria en su contra, una decisión que no implica que haya una condena o alguna acusación formal. La Corte Suprema argumentó que esta orden se tomaba por "posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro del recaudo de pruebas".

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Uribe Vélez, por su parte, se ha defendido diciendo que la justicia está politizada y que hay una persecución en su contra.