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La defensa de Musa Besaile le salió al paso al escándalo suscitado en redes sociales contra su cliente y negó que el exsenador haya salido de prisión para pasar Navidad con su familia.
El abogado Hernando Bocanegra aseguró en LA FM que el excongresista quien se acogió a sentencia anticipada ante la Corte Suprema de Justicia tras reconocer sus vínculos con el paramilitarismo en el departamento de Córdoba, lleva 5 años y 3 meses bajo de detención y a lo largo de ese tiempo, nunca ha violado los normas que rigen el régimen carcelario.
Esta explicación la entregó la defensa al asegurar que la foto que circula en las redes sociales es cierta, pero fue tomada en el Centro de Reclusión Militar de Puente Aranda en Bogotá donde permanece recluido y no en la cárcel de máxima seguridad de La Picota.
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Asimismo, señaló que el encuentro que sostuvo con varios miembros de su familia en ese lugar se produjo el 24 de diciembre pasado en horas de la tarde, como sucede con las demás personas privadas de la libertad y bajo el cumplimiento de las normas carcelarias, amparado en los derechos que tienen los detenidos a recibir las visitas de sus familiares en estas fechas especiales.
De igual forma, los defensores de Besaile revelaron a La FM que el exsenador está buscando una nueva negociación con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, frente al proceso que se sigue en su contra por el escándalo de corrupción denominado el 'cartel de la toga'.
Según el abogado Bocanegra, el excongresista siempre ha estado presto a colaborar con la administración de justicia y prueba de ello es que el pasado 19 de diciembre se acogió a sentencia anticipada y aceptó su autoría en los cargos que le formularon los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por el delito de concierto para delinquir por el proceso de ‘Parapolítica’.
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El excongresista se encuentra detenido desde septiembre de 2017 tras haberse entregado a las autoridades para cumplir con una orden de captura que pesaba en su contra, acusado de haber pagado 2.000 millones de pesos a los miembros de una red de corrupción de la que hacían parte magistrados, fiscales y abogados en cabeza del exfiscal Luis Gustavo Moreno, para frenar el proceso por parapolítica adelantado en su momento por la Corte Suprema de Justicia.
