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La defensa de la congresista Aida Merlano, aseguró que su cliente recibió con tristeza la orden de captura proferida en su contra para que responda en indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por supuestamente valerse de una sofisticada red de corrupción para comprar votos en las elecciones del pasado 11 de marzo.
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Así lo reveló a LA FM Jesús Albeiro Yepes, abogado de la congresista quien indicó que Merlano no tiene intención de evadir la justicia y por ella coordina con la defensa su entrega a los agentes de policía judicial para dar las explicaciones del caso ante la Corte Suprema.
“Aida Merlano desde un principio le manifestó a la Corte su disposición de comparecer, porque siempre ha estado atenta a asistir ante la Sala Penal y esa decisión no ha cambiado. Lo que ella hará es responder a ese llamado mediante orden de captura, lo más pronto posible”, dijo Yepes.
Asimismo, sostuvo que la congresista no ha salido del país y por el contrario después de desatado este escándalo de corrupción siempre ha permanecido en Colombia.
“La congresista recibió con tristeza y muy desconcertada la noticia de la orden de captura en su contra, porque no era necesaria para una persona que está manifestando su disposición de comparecer a la Corte Suprema la justicia", indicó Yepes.
No existió compra de votos
En relación con el proceso que le sigue la Corte Suprema, la defensa de Merlano indicó que su cliente ha sido enfática en negar que haya comprado los votos de sus electores.
“Ella ha sido clara en declarar que no ha comprado votos, vamos a ver qué es lo que dicen las evidencias. Como defensor lo que yo he podido conocer es que es un campaña como muchas otras que tiene una logística y que esa logística demanda unos gatos”, dijo Yepes.
Igualmente, negó que la campaña de la congresista haya destinado recursos por un monto superior a los seis mil millones de pesos para lograr los votos de diferentes ciudadanos.
El jurista también indicó a : “No existen tales seis mil millones de pesos, este abogado no conoce de gastos de seis mil millones de pesos”.
Según la investigación de la Fiscalía, su campaña pagaba 40 mil pesos por voto. Para garantizar su elección montó un complejo sistema en la "Casa Blanca", sede principal de su campaña en la ciudad de Barranquilla.
La Corte Supema la investiga por los delitos de concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas.
La representante a la Cámara, conforme la noticia criminal, y los diferentes elementos materiales de prueba recaudados, indican que incurrió en la práctica de comportamientos que atentan contra la libre participación de los colombianos en las justas electorales.
Esta posible afectación a la libertad de elegir, obligaron a la Corte a tomar medidas para evitar el riesgo que esas conductas se repitan y afecten el sistema democrático, la libre facultad de elegir y ser elegido, protegiendo los fundamentos del Estado Social de Derecho, forma de organización política de la sociedad colombiana.
