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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 34 años de prisión a seis militares por su responsabilidad en los hechos que rodearon el asesinato de ocho civiles, entre ellos tres menores de edad, en la que es conocida como la masacre de San José de Apartadó registrada el 21 de febrero de 2005.
El alto tribunal tumbó el fallo que absolvió a los militares tras encontrar pruebas suficientes que permitían inferir que participaron en la incursión paramilitar en la región y tuvieron conocimiento claro del crimen de estos campesinos a quienes los comandantes del Bloque Héroes de Tolová de las AUC acusaron de tener vínculos con la guerrilla de las Farc.
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En el fallo, se manifiesta que el comandante del Batallón Francisco de Paula Vélez del Ejército Nacional, teniente coronel Orlando Espinosa Beltrán tuvo conocimiento claro de la presencia de los paramilitares en la región. Varios de sus subalternos adelantaron un patrullaje conjunto con este grupo armado ilegal, compartieron zonas de descanso y alimentación.
Para la Corte, existe evidencia suficiente que la ejecución de esta masacre contó con el apoyo de integrantes del Ejército, que además de ayudarles con el “libre paso” por la región les entregaron información de supuestos colaboradores de las Farc en la zona.
Así se desprende de las declaraciones entregadas a Justicia y Paz de los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso Gómez y Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’ quienes señalaron que en efecto existió participación y omisión por parte de los militares en esta masacre.
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Otros paramilitares que participaron directamente en la ejecución de los campesinos aseguraron que contaron con la colaboración del Ejército para llegar a la región ubicar a estas personas e incluso recibir datos para identificar a los presuntos colaboradores de la guerrilla. Incluso uno de los militares les dio la orden de acabar con la vida de los labriegos quienes fueron degollados.
En sus declaraciones coincidieron en afirmaron que después de la masacre patrullaron de manera conjunta para dar con el paradero de otros supuestos guerrilleros en la región en el desarrollo de una operación militar que contó con la participación de 300 soldados.
Pese al conocimiento de la masacre, los militares no dieron aviso a sus superiores sobre lo ocurrido. La Corte Suprema cuestionó el actuar y la humanidad de los seis militares considerando que se alejaron de todos los tratados internacionales de guerra y protección a la población civil.
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La Corte dejó sin efectos los fallos emitidos por un juzgado especializado de Medellín y el Tribunal Superior de Antioquia que había absuelto a los militares por falta de elementos probatorios que permitiera inferir una colaboración con los paramilitares en esta masacre.
La Sala sentenció al coronel Orlando Espinosa Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López, los sargentos Henry Agudelo Cuasmayán Ortega y Ángel María Padilla Petro; y los cabos Ricardo Bastidas Candia y Sabaraín Cruz Reina. Debido a esto ordenó su captura inmediata para que cumplan con lo establecido en el fallo.
En 2012, fueron sentenciado a 20 años de prisión los subtenientes Alejandro Jaramillo Giraldo, Jorge Humberto Milanés Vega, Édgar García Estupiñán y el sargento segundo Darío José Brango Agamez.
