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El alto tribunal inadmitió las demandas interpuestas por Guzmán y el grupo DMG contra la sentencia de segunda instancia.
Así pues, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme una condena de 22 años y 10 meses de prisión y una multa de 25 mil 700 salarios mínimos contra David Murcia Guzmán, por los delitos de captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos.
La Sala Penal de la Corte debió bajar de oficio el monto de la condena y la multa (30 años de prisión y 50 mil salarios mínimos), porque el tribunal no tuvo en cuenta que no podía aplicar simultáneamente el aumento generalizado de penas (Ley 890 de 2004).
Dicho aumento fue decretado para la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio y el incremento legal del 2006 (Ley 1121), para el delito de captación de dineros, cuando los hechos se presentaron entre el año 2007 y 2008.
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