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El exrepresentante argumentó que llevaba tres años, dos meses y 18 días privado de la libertad, y que desde marzo de 2016 terminó el juicio público en su contra.
Para la Sala de Casación Penal, al momento de imponerse la detención preventiva en contra del hoy procesado, ésta se justificó en la necesidad de la preservación de la prueba y la protección de la comunidad.
En el primer caso, el ejercicio probatorio ya había terminado, razón por la cual no existe ningún riesgo en contra de las evidencias ante la libertad del acusado.
En el segundo caso, la protección de la comunidad en atención a la supuesta relación que mantenía con grupos paramilitares, de la que se infería su pertenencia, la estructura armada que supuestamente el acusado promovió, dejó de existir.
Y finalmente, frente al riesgo de comparecencia ante una eventual condena, la conducta que ha observado y en particular su estado de salud no permiten inferir que evada la justicia estando en libertad.
Por las anteriores razones la Sala Penal de la Corte Suprema, ordenó su libertad inmediata.
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