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La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el expresidente del Senado Iván Name y de la Cámara Andrés Calle, por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Sala Especial de Instrucción anunció la formalización de la investigación que ya lleva varios meses con la recolección de pruebas y testimonios que han sido aportadas por Sneyder Pinilla y Olmedo López, con respecto a la responsabilidad de los congresistas en la comisión de delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
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El tribunal explicó que según las informaciones recibidas, los congresistas habrían recibido pagos en efectivo de manos de Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, como contraprestación a su gestión.
La corte resaltó que a cambio de la entrega de estos recursos, Name Vásquez y Calle Aguas se comprometieron a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional.
Los magistrados consideraron que, este dinero, al parecer, se destinó para financiar campañas electorales de mandatarios locales y regionales, que se llevarían a cabo el 29 de octubre de 2023.
La Sala de Instrucción explicó que la decisión se tomó tras evaluar la información obtenida en labores de policía judicial y testimonios recolectados por el magistrado instructor, así como otros suministrados por la Fiscalía General de la Nación.
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En el auto de apertura se destacó que se cumplen los requisitos necesarios para proceder a una investigación formal, dada la probabilidad de que los congresistas hubieran incurrido en delitos que atentan contra la administración pública.
Además, los magistrados consideraron que los congresistas debían ser citados a indagatoria, y se impartieron órdenes de policía judicial para la práctica de otras pruebas que complementen la investigación.
La Fiscalía continúa en el estudio de la posibilidad de otorgar los principios de oportunidad a los dos exdirectivos de Gestión del Riesgo mientras que, en paralelo, se estudia la posibilidad de imputar nuevos delitos contra los ex funcionarios.
