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De acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, la orden debe cumplirse tras el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había advertido que la muerte de 17 personas y lesiones de 27 más fue provocada por un dispositivo clúster (bomba racimo) lanzado por un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana.
Para la Corte Constitucional, el no reconocimiento de la responsabilidad de la Nación revictimiza a los familiares de las personas que fallecieron y que resultaron afectadas durante estos hechos.
Según la sentencia de la Corte Constitucional, “cuando la Corte Interamericana toma decisiones sobre nuestro país, Colombia debe cumplir. En el caso que nos ocupa, es claro para esta Corporación que la Corte Interamericana encontró responsable al Estado colombiano por los hechos que ocurrieron en la vereda de Santo Domingo”.
