Corte Contitucional tiene en la mira seis decretos expedidos dentro de las facultades especiales de Santos

Si bien, la Corte Constitucional sentó un precedente cuando tumbó el decreto 2204, relacionado con la Agencia de la renovación del Territorio, porque éste no estaba justificado como parte de los acuerdos de paz y su implementación, tiene en sus manos otros decretos.

Entre los decretos, está el expedido por el presidente Santos relacionado con la reducción de los términos para la revisión de las normas para la paz; este decreto tiene vencimiento para el próximo 27 de marzo y establece incluso, que deben disminuir las de sesiones que implementará la Corte Constitucional para revisar las normas derivadas del ‘Fast Track’.

Asimismo, el magistrado Alberto Rojas Ríos tiene en su despacho el Decreto 154/17 por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y tiene vencimiento el próximo 3 de abril, momento límite para que la Sala Plena resuelva su constitucionalidad.

Otro de los decretos expedidos con fuerza de Ley es el relacionado con las “disposiciones sobre el Fondo Nacional de Regalías en Liquidación y se dispone de los saldos del mismo para financiar proyectos de inversión para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

Este Decreto si bien le correspondió a la Magistrada Gloria Ortíz, el 24 de abril de 2017 vence término para decisión por Sala Plena.

El presidente Juan Manuel Santos expidió el Decreto 249/17 “Por el cual se regula la contratación para la erradicación manual de cultivos ilícitos” en el que el saliente magistrado Aquiles Arrieta tendrá hasta el 15 de marzo para recibir el concepto del procurador Fernando Carrillo y así pueda proyectar su fallo ante la Corte Constitucional.

Entre tanto uno de los temas insignias del proceso de paz, está relacionado con el Decreto 277/17 relacionado con la amnistía e indulto para las personas privadas la libertad por delitos políticos y delitos conexos, en este caso, el magistrado auxiliar en interinidad Iván Escrucería está en recolección de conceptos y traslado al Procurador para concepto.

Finalmente, la Corte Constitucional evaluará el Decreto 298/17 relacionado con la ampliación del personal y cargos dentro de la Unidad Nacional de Protección, sobre este tema el magistrado Alejandro Linares solicitó al Gobierno Nacional presentar los argumentos correspondientes y la relación de realizar dichas acciones administrativas relacionados con la ‘paz estable y duradera’.